"No le doy más importancia de la que tiene. La legalidad o ilegalidad de una huelga la dirime un juez", dijo Aparicio sobre este asunto. No obstante, indicó que e gustaría leer al completo las declaraciones del responsable del Inem, porque a veces se sacan de contexto, por lo que ha pedido información detallada sobre estas manifestaciones.

Aparicio, que intervino en un desayuno de trabajo organizado por el Club Internacional de Prensa, aprovechó, no obstante, para destacar que le llama más la atención que los responsables de algunas organizaciones, en alusión a los sindicatos, se atribuyan responsabilidades que tienen los jueces.

Para Aparicio, la Constiución se expresa en los mismos términos cuando habla del derecho a la huelga y el derecho al trabajo. A su juicio, sólo hay un derecho esencial por encima de todos, que es el derecho a la vida, por lo que dijo que "no comparto que se sitúe en una situación prevalente el derecho de huelga sobre otros".

Preguntado por las afirmaciones de los sindicatos de que los decretos de servicios mínimos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado viernes son mini leyes de huelga, Aparicio empezó su respuesta dciendo: "Permítame que sonría. Hablar de que un decreto o una orden ministerial es una mini ley de huelga no requiere más comentarios", porque sería "darle más importancia a una cosa que no la tiene".

Aseguró que la posición del Ministerio de Fomento en relación con los servicios mínimos, tomando como referencia los fijados en la huelga del 94, ha sido "extraordinariamente razonable", sobre todo si se tiene en cuenta que actualmente hay tres millones y medio de trabajadores más que entonces. "Si no sesentaron antes a negociar, me cuesta pensar que se sentaran ahora con mejor ánimo, cuando no tienen otro interés prioritario que la propia huelga", denunció el ministro.

MOTIVOS POLITICOS

Sobre el seguimiento de la huelga el 20-J, indicó que no tiene capacidad de predicción o futurología, pero se mostró seguro de que no se superará el del paro general de 1994. Según Aparicio, si el motivo es la reforma del desempleo, el apoyo debería ser "extraordinariamente bajo, a no ser que se quiera protestar po otros motivos políticos".

Destacó que la huelga causará un doble perjuicio, el que ocasionará a las empresas y sectores que no puedan desarrollar su actividad normal, y el que puede causar a las expectativas de empleo y de estabilidad del mismo "cuando estamos a las puertas de una recuperación económica". Recordó que el coste medio por trabajador que secunde la huelga será de 78,78 euros.

En relación con los actos de sabotaje en Telefónica de la pasada semana, que algunos han atribuido a los sinicatos, evitó hacer imputaciones sobre hechos que están sujetos a procesos de naturaleza judicial y poner nombres y apellidos a esos sabotajes, "pero desde luego no creo que sea un sabotaje pensado en los que quieren trabajar".

Aparició se refirió también a las declaraciones del secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, sobre la obligación del Gobierno de sentarse a negociar al día siguiente del 20-J, y dejó claro que las reuniones no pueden venir determinadas por el líder de la oposiión.

Aseguró que el Gobierno sigue sentado en la mesa de negociación, pero en el ámbito político en el Parlamento. Señaló que quien ha querido hablar en la mesa de negociación sobre la reforma del desempleo lo ha podido hacer, y afirmó que la vía del diálogo social está agotada por la decisión de los sindicatos. Agregó que el diálogo social "es un medio, no un fin en sí mismo", por lo que no puede impedir que al final el Gobierno cumpla con sus compromisos.

Sobre la aprobación de la reforma por dcreto ley, reiteró que en el terreno laboral siempre se ha actuado así, hubiera o no acuerdo, para que entre en vigor cuanto antes, y aseguró que no persigue el ahorro, sino "intentar gastar mejor". Indicó que los resultados del decreto en estos poco más de 20 días que lleva en vigor no son ni positivos ni negativos, ya que no hay ninguna brusquedad ni efecto indeseado en la reforma.

En cuanto al temor de los sindicatos de que la reforma de la negociación colectiva sea la próxima que aborde el Gobiern, Aparicio dijo que carece de argumentos y que el Ejecutivo prefiere esperar a ver cómo funciona el acuerdo en esta materia entre sindicatos y empresarios. Aseguró que no hay grandes temas en la agenda del Gobierno, sino continuar con los trabajos que hay en marcha.