Los hechos que han dado lugar a la sentencia se remontan al 14 de marzo de 1996 en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, cuando la ATS, "molesta con la supervisión por no haber sido informada de unas jornadas de trabajo [...] a las que pretendía haber ido", prendió fuego en el despacho de su superior y en un alamcén anejo. Un doctor la vió salir "tranquila" de uno de los sitio donde acaba de cometer el delito.

El fuego, que no hizo necesaria la evacuación de enfermos, provocó daños en bienes de infraestructura, material informático, mobiliario y medicamentos por valor de 6.205.000 pesetas.

Por estos hechos, la Audiencia Provincial de Córdoba la condenó a dos años y medio de cárcel por un delito de daños en bienes de uso público, a pagar una multa de 109.500 pesetas y a indemnizar al Servicio Andaluz de Salud con 6.205.000 pesetas. El Tribunal no la castigó por el de icendio, que se caracteriza por poner en peligro la vida y la integridad física de las personas, lo que en este caso no ocurrió.

El Supremo confirma esta sentencia por considerar que es arreglada a derecho y señala que el hecho de que la ATS estuviese "catalogada como una buena profesional" no significa que no tuviese inclinaciones criminales, como demuestra el hecho de que prendiese fuego en dos dependencias consecutivas.

"Prender fuego en un hospital, precisamente por parte mismo del personal saitario, es un hecho, si cabe, de mayor gravedad que si lo ocasiona un particular no conectado con sistema público de salud", dice el Alto Tribunal.