El porcentaje de pérdida de poder adquisitivo se calcula teniendo en cuenta la evolución registrada entre los funcionarios nacionales de un grupo de ocho Estados miembros (Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Bélgica y Luxemburgo) que representan el 76% del PIB de la UE.

Así, durante este año, aunque se han registrado "grandes variaciones" entre estos países, la media de pérdida de poder adquisitivo se ha situado en el 1,8%.

No obstante, la reducción o incremento del salario de los funcionarios de la UE dependerá de la evolución de la inflación en el país en el que trabajen.

Por ejemplo, la elevada inflación en Bélgica (3,6%) supondrá que los funcionarios de la UE en el país registren un aumento salarial del 1,8%, frente al 0,6% de los que trabajen en Alemania, el 0,4% de los de los Países Bajos o el 1,9% de los de Francia.

Sin embargo, en otros países, en los que la inflación es menor, los funcionarios sufrirán un recorte en sus salarios. Por ejemplo, los ubicados en Praga (República Checa) tendrán una reducción nominal del 2,7%, los que estén en Ljubljana (Eslovenia) un 2,2%, los de Sofía (Bulgaria) un 1,7%, los de Atenas (Grecia) un 1,1% y los de Roma (Italia) un 0,1%.

Esta reducción del poder adquisitivo de los funcionarios se produce después de que la Comisión Europea rechazase la petición de los Estados miembros de aplicar la cláusula de excepción debido al "grave y repentino deterioro de la situación económica y social".

El organismo comunitario decidió el pasado 10 de noviembre que "no se dan esas condiciones", por lo que decidió aplicar el ajuste salarial.

No obstante, este recorte del poder adquisitivo está aún pendiente de su aprobación por parte del Consejo Europeo, que tendrá que tomar una decisión antes de que acabe el año.

Además, la Comisión mantiene su propuesta de reducción de un 5% del personal en todas las instituciones y agencias, un aumento de la semana laboral mínima a 40 horas sin ajustes salariales compensatorios, un aumento de la edad normal de jubilación de los 63 a los 65 años, una restricción significativa de las normas de jubilación anticipada y medidas relacionadas con las carreras de los funcionarios.