Al conocer la retirada del acta, la ministra tuiteó: “Alberto Rodriguez fue condenado a pesar de las pruebas que demuestran que él no estuvo allí. El objetivo era quitarle el escaño. El Supremo presiona a la Presidencia del Congreso para retirárselo aunque ambos saben que no es lo que dice la sentencia. Prevaricación”.

De hecho, poco después Unidas Podemos anunciaba la presentación de una querella contra la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, al considerar que tomó esa decisión por las presiones recibidas pero a sabiendas de que no debería, acusándola también de prevaricar.

“En cualquier Gobierno serio, un ministro que acusa al Tribunal Supremo de cometer un delito sería cesado de inmediato. El ataque a la Justicia y a las instituciones por parte de los socios radicales de Sánchez es intolerable. Si no actúa ya se convertirá en su cómplice”, alertó Casado en un mensaje publicado en su perfil oficial en Twitter.

Fuentes del PP explicaban que Sánchez con su silencio “admite el ataque que desde el Gobierno se está haciendo a la Justicia. Las declaraciones de Belarra son inaceptables y merecerían y que hoy mismo fuera cesada como miembro del Gobierno”.

Desde el partido de Casado reiteraban su respeto “a nuestra instituciones y a la separación de poderes. Los ataques a la Justicia por parte del propio Gobierno deben cesar ya”, insistían.