Según anunciaron este viernes, toman la decisión después de que el Tribunal Constitucional haya notificado, con “un párrafo de tres líneas”, la inadmisión a trámite del recurso de amparo que interpusieron el pasado mes de julio contra el reiterado rechazo del Tribunal Supremo a todas sus iniciativas en la materia. En concreto, ha acordado no admitirlo a trámite por no apreciar la especial trascendencia constitucional que exigiría haberlo hecho.

IU y el PCE, en cambio, consideran el tema de “gran importancia no sólo a nivel político y social sino por la sensación de impunidad que deja en buena parte de la sociedad por la discriminación en el trato que la justicia muestra a determinadas personas y a su entorno de amistad y de negocios debido a su nombre y al cargo que ocupan”.

Entre los argumentos jurídicos que el equipo legal de ambas formaciones baraja para ahormar el recurso está explicar al TEDH cómo los autos dictados por el Supremo “han lesionado el derecho fundamental de la acusación popular a la tutela judicial efectiva”, que la inviolabilidad del Rey “no puede suponer de facto una suerte de impunidad absoluta para que el anterior jefe de Estado delinquiese sin que se le exija responsabilidad criminal alguna”, y que se ha violado su derecho a “obtener una resolución judicial motivada, razonada y razonable, así como el de seguirse una investigación y procedimiento efectivos ante el órgano judicial competente”, protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Ambas formaciones políticas estudian también denunciar expresiones del Tribunal Supremo en sus diligencias de archivo como “la acción popular no puede degradar el relevante papel que está llamada a desempeñar en el proceso penal limitándose a convertir noticias en causas criminales. Y mucho menos hacerlo con una regularidad selectiva que esconde una profesionalización del ejercicio de la acción popular…”. Según dicen, esto revela “la animadversión a la hora de referirse a una de las partes del proceso, la nuestra, cuando no se nos ha permitido ejercer con garantías la acción popular, haciendo de éste un proceso viciado y falto de imparcialidad”.