El texto pretende establecer así “un marco estable para poder hacer efectivo el derecho y el acceso a una vivienda digna en condiciones asequibles para el conjunto de los ciudadanos”, cuya aplicación dependerá de las comunidades autónomas, como bien ha adelantado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Esta nueva regulación habilitará distintas medidas para que las comunidades autónomas que así lo consideren puedan congelar o “incluso rebajar” el precio del alquiler de viviendas en manos de grandes propietarios que se ubiquen en zonas “tensionadas”, además de ofrecer incentivos fiscales a los arrendadores para “hacer atractivo que el precio se pueda contener”.

Asimismo, la ley otorga a los ayuntamientos la posibilidad de penalizar las viviendas vacías en manos de grandes propietarios con un recargo del 50% sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

Raquel Sánchez ha asegurado que pretende que el texto cuente con el consenso de las formaciones políticas que conforman el Congreso, pero el PP ya ha anticipado que llevará la Ley de Vivienda al Tribunal Constitucional y que no aplicará estas medidas en las comunidades en las que gobierna, donde viven más de 21 millones de personas.

Cabe recordar que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 ponen especial acento en la vivienda, con una dotación que se incrementa en un 46% en el año y alcanza los 3.300 millones de euros. Estos fondos irán destinados a la promoción de vivienda, programas de rehabilitación e, incluso, ayudas directas para facilitar el acceso, ejecutables de forma directa por el Ministerio o en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.

Las cuentas incluyen también una dotación de 200 millones para el bono al alquiler de 250 euros mensuales dirigido a jóvenes entre 18 y 35 años con rentas inferiores a los 23.725 euros anuales, que podrán beneficiarse de esta ayuda para pagar cualquier alquiler durante un máximo de dos años.