El Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, el Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España son las tres organizaciones que denunciaron esta situación.

En un comunicado conjunto, las asociaciones subrayaron que recurrirán el texto por entender que "se ha cometido fraude de ley en la tramitación del mismo".

Estas organizaciones consideran que con el reglamento se perjudica de forma "muy directa" a las firmas medianas y pequeñas al establecerse en el artículo 46 que será incompatible percibir honorarios de una entidad y de las vinculadas a ella por servicios de auditoría y servicios distintos cuando los mismos superen el 15% del total de los ingresos anuales de la sociedad de auditoría, tomando la media de los últimos 3 años.

Este porcentaje será del 20% para los auditores personas físicas y las sociedades con menos de seis socios siempre que no hayan auditado a una entidad de interés público.

Las corporaciones consideran que estos porcentajes "son exageradamente bajos", lo que tendrá un efecto negativo sobre la competencia, ya que las firmas pequeñas y medianas no podrán en muchos casos aceptar como clientes a empresas de cierto volumen.

Con respecto a las entidades de interés público (EIP), se amplía a un número "exagerado" de empresas, todas las que tengan un volumen de negocio superior a 200 millones de euros o 1.000 empleados, cifras muy inferiores a las de los países del entorno de España.

Esta generalización de las EIP perjudica de nuevo a las pequeñas y medianas empresas de auditoría, que se verán obligadas a cumplir todos los requisitos que se precisan para auditar a una de estas entidades.

"Esto puede tener de nuevo una consecuencia negativa sobre las posibilidades de crecimiento de las auditoras más pequeñas, y de nuevo fomenta la concentración", aseguraron.