En su comunicado, reivindicó una ley integral de Protección de los Derechos de las Víctimas de Trata, a fin de garantizar un tratamiento integral, multidisciplinar y coordinado de este problema. A través de esta Ley el Estado español deberá incorporar las medidas establecidas en la Directiva Europea para combatir la Trata de Seres Humanos.

Dicha norma deberá incluir la Directiva Europea para combatir la Trata de Seres Humanos, señaló Proyecto Esperanza, quien pidió “un plan integral de alcance global, que a diferencia del actual no se limite a la trata con fines de explotación sexual” e incluya todas las formas de este delito.

También pidió mejorar la coordinación entre los responsables encargados de la identificación y derivación de víctimas a nivel estatal, regional y local, e instó a las autoridades a aclarar conceptos que en el protocolo de atención recién aprobado han quedado demasiado ambiguos.

Entre estos, citó “la colaboración con las autoridades” y “situación personal de la víctima”, pues de ellos depende la concesión del permiso de residencia y su interpretación queda muy abierta.

Por último, exigió mantener la dotación presupuestaria destinada a colaborar con las organizaciones de ayuda, sobre para aquellas que trabajan con colectivos especialmente vulnerables como los menores de edad.