Dichos planes coresponden a las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), José Cabrera y Trillo (Guadalajara), Ascó y Vandellós (Tarragona), Santa María de Garoña (Burgos) y Cofrentes (Valencia).

La Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló en una Sentencia del 17 de diciembre de 2008 los Planes Directores, aprobados por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de junio de 2006, correspondientes a los Planes de Emergencia Nuclear Exteriores de estas centrales nucleares, por entender que se había vulnerado el derecho de la Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares (AMAC) a ser oída en el procedimiento de elaboración de los citados Planes.

En ejecución de esta sentencia, el pasado día 7 de abril se sustanció el preceptivo trámite de audiencia con AMAC, que ha solicitado la inclusión en el órgano ejecutivo de cada Plan de Emergencia Nuclear de uno de los alcaldes pertenecientes a uno de los municipios establecidos en la Zona I de actuación.

Por ello, se incorpora al órgano ejecutivo del Plan a uno de los alcaldes pertenecientes a uno de los municipios establecidos en la Zona I de actuación. Con esta incorporación se mejora e incrementa la participación municipal en caso de emergencia nuclear.

Además, como consecuencia de las competencias asumidas por la Generalitat de Cataluña en materia de seguridad ciudadana y el consiguiente despliegue de los Mossos d´Escuadra en todo el territorio de dicha Comunidad Autónoma, en el Plan de Ascó y Vandellós se prevé que el grupo operativo de seguridad ciudadana y orden público (en la actualidad, dirigido y formado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) quede dirigido y formado por efectivos de la Policía Autonómica Catalana.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quedarán encuadrados en un nuevo grupo operativo: el grupo de seguridad estratégica, cuya existencia se prevé exclusivamente en el Plan de Ascó y Vandellós que tendrá como objeto garantizar la seguridad en puertos y aeropuertos en caso de emergencia nuclear, en los que se mantiene la competencia estatal.

Estos cinco acuerdos cuentan con el informe favorable de la Comisión Nacional de Protección Civil, en la que están representadas la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y el Consejo de Seguridad Nuclear.