Según un comunicado difundido por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Gobierno entiende que "la sentencia es claramente favorable a la posición defendida por la Comisión Europea y por España", pues "anula íntegramente la sentencia" del tribunal de primera instancia, y declara el régimen fiscal que el Reino Unido pretendía aplicar en Gibraltar "absolutamente incompatible con los principios del mercado interior".

También interpreta que, al anular la sentencia de primera instancia y no pronunciarse sobre la posibilidad de que Gibraltar tenga un régimen fiscal propio que aquella admitía, deja la puerta abierta a que la Comisión Europea o cualquier estado miembro, como España, puedan llevar a un tribunal la cuestión de si procede que lo disfrute.

Exteriores aplaude, por un lado, que el Tribunal de la UE haya atendido el recurso de casación presentado por España y haya enmendado al de primera instancia señalando que el proyecto de reforma fiscal gibraltareño otorga ventajas selectivas a unas empresas frente a otras. Por otro, celebra que haya desestimado íntegramente los recursos de anulación interpuestos por el Reino Unido y por el Gobierno de Gibraltar.