Estas demandas que expone el Cermi Canarias recogen que "se cumpla con lo prometido, como base de la credibilidad en el Estado de Bienestar"; o que "no se institucionalice la discriminación para los colectivos reconocidos por la Constitución y la normativa internacional, como es el caso de las personas con discapacidad".

También solicita una "congruente respuesta a los colectivos para evitar efectos irreversibles, tanto para las personas con discapacidad y sus familias, como para los profesionales que los atienden"; así como una responsabilidad social corporativa "irrenunciable" en los gestores públicos, "a quienes les corresponde tomar la iniciativa y ser modelo de referencia".

"La total incertidumbre sobre la regulación del sector para el próximo año 2012 y las condiciones actuales de financiación evidencian la imposibilidad de realizar una planificación los servicios para el ejercicio de los derechos mínimos en calidad de las personas con discapacidad", declara.

A través de su manifiesto, el Cermi Canarias ve "imprescindible" solidarizarse y prestar "total” apoyo, ante los actuales acontecimientos de los que resultan "especialmente" perjudicadas las personas con discapacidad y sus familias, fruto de la “insostenible” situación a la que se ha conducido a las organizaciones que defienden sus derechos y gestionan los servicios que se les prestan.

El Comité autonómico muestra, así, su "convencimiento" en la necesidad de redoblar los esfuerzos para optimizar los escasos recursos de los que se dota a las organizaciones sociales para que sean "las efectivas prestadoras de servicios en calidad y cantidad", los cuales, según el Cermi canario, "deberían ser dispensados por las entidades públicas".