Según informaron la citada entidad y la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunidad Valenciana (Aerte), el paro de este jueves se ha centrado "en los que peor lo están pasando: las personas con enfermedad mental".

Y es que, argumentaron FED y Aerte, la deuda de las administraciones con las entidades que atienden a personas con enfermedad mental asciende en la Comunidad Valenciana a casi 13 millones de euros, y a más de 75 si se tiene en cuenta todo el sector de la dependencia.

Las mismas entidades sostienen que si estos centros y empresas quiebran, lo hará también el sistema de atención sociosanitario y el Estado del bienestar.

La "situación desesperada" del sector, aseguraron, ha provocado ya el cierre de nueve empresas en la Comunidad Valenciana, donde unas 400 personas perdieron el año pasado su puesto de trabajo por la misma causa.

Por eso, vaticinaron FED y Aerte, "si las palabras no se convierten en hechos, el sector sociosanitario entrará en una situación crítica que provocará el cierre de 200 empresas y la pérdida de 13.000 puestos de trabajo".

"Y, lo que es más grave", concluyeron, "cerca de 25.000 familias, con una o varias personas dependientes atendidas en esta red, perderán su derecho legal a la atención por su dependencia".