A juicio de estas organizaciones, se ha perdido una oportunidad para avanzar en el compromiso de proteger a personas que huyen de violaciones de derechos humanos, y que aumenten los obstáculos para poder acceder al asilo en España.

"El texto aprobado hoy en sesión plenaria en el Congreso de los Diputados añade a la ley vigente un número importante de obstáculos que, no sólo son contrarios a la Convención de Ginebra sobre el Estatuto del Refugiado sino que, lo más grave, impedirán que muchas personas que huyen de graves violaciones de derechos humanos puedan simplemente acceder al ejercicio de su derecho a solicitar protección internacional", aseguran.

CEAR y AI destacan que "no se entiende que un país como España que cerraba el 2008, según los datos aportados por la Oficina de Asilo y Refugio, con unas 4.500 solicitudes y sólo 151 estatutos concedidos, muestre esta resistencia a garantizar la protección de las personas necesitadas de protección internacional".

Entre los obstáculos que contempla la Ley, las citadas organizaciones destacan la exclusión de los ciudadanos europeos comunitarios del derecho a solicitar asilo; la desaparición del derecho a pedir asilo en las embajadas españolas, si bien la ley establece un procedimiento donde se reconoce la posibilidad de promover el traslado a España; y la desaparición de la vía diplomática reconocida hasta ahora en la Ley.

Otros obstáculos son, en su opinión, el aumento de las causas de exclusión ante la posibilidad de una persona de pedir asilo, con fórmulas jurídicamente imprecisas como “constituir un peligro para la seguridad de España” o “constituir una amenaza para la Comunidad” que exceden claramente la letra de la Convención de Ginebra y la ampliación de los plazos de detención en frontera, hasta un máximo de 10 días.