El pasado mes de junio, el Senado admitió a trámite la reforma de la citada ley, que ahora mismo se encuentra en el Congreso de los Diputados. Por ello, la federación Plena inclusión, que agrupa a más de 900 entidades de personas con discapacidad intelectual y a sus familias, exigió en un comunicado su rápida aprobación.

A su juicio, ello beneficiará de forma directa a unas 268.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y de manera indirecta a unos 8 millones de ciudadanos como inmigrantes sin conocimientos del idioma, personas mayores, niños pequeños o con otros problemas de comprensión.

Apuntó que reconocer la accesibilidad cognitiva de forma explícita en la ley facilitaría el establecimiento de requisitos de calidad claros a la hora de adaptar los contenidos; permitiría evaluarlos; serviría para articular canales de denuncia y un sistema de sanciones ante posibles incumplimientos; facilitaría la disposición de recursos, y ayudaría a que muchas más normas de rango inferior se hiciesen eco de esta necesidad.

“Los derechos de las personas con dificultades de comprensión no pueden esperar”, declaró Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España y líder con discapacidad intelectual.

Para Santiago López, presidente de la confederación, es “una paradoja la desaparición de la incapacitación legal y, sin embargo, que no se haya aprobado aún el reconocimiento legal de la accesibilidad cognitiva”. “Su aprobación permitiría su desarrollo y, por tanto, generar mejores apoyos para las personas que antes estaban incapacitadas por ley”, subrayó.

Desde plena inclusión apuntaron que la accesibilidad cognitiva “no solo beneficia a 268.633 personas con discapacidad intelectual en España, sino que además ayuda a entender mejor a otras 481.544 personas con problemas de salud mental y a 8.657.705 personas mayores”.

A todas ellas hay que sumar otros ciudadanos con trastornos del espectro del autismo, con dificultades para leer o con menos conocimientos de nuestro idioma, recalcó. La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada tres personas en el mundo quienes podrían beneficiarse de esta accesibilidad.

Por ello, reclamó el uso de la accesibilidad cognitiva como “un derecho universal que permite el acceso y disfrute de muchos otros, como el de la educación, la salud, el empleo, la cultura o el ocio, que a su vez son básicos para el desarrollo vital de cualquier persona en nuestra sociedad”.