De hecho, Esquerra quiere impulsar una Ley de Participación Ciudadana, que garantice la participación de las organizaciones interesadas en la confección de todos los Proyectos de Ley y Real Decretos. Ese texto legal establecería támbién la participación de las organizaciones representativas a nivel territorial.

El programa de ERC contempla también la reforma del Reglamento del Congreso para establecer una cuota mensual para debatir las iniciativas legislativas populares, evitando así bloqueos como el que ha sufrido la iniciativa relativa a la dación en pago.

También piden incluir en el Reglamento de la Cámara Baja un calendario de tramitación de las iniciativas legislativas tomadas en consideración, para evitar la paralización "que a menudo sufren en la Mesa del Congreso".

Los independentistas catalanes quieren la supresión del Senado y de las diputaciones provinciales, así como de los ministerios con competencias transferidas a las comunidades autónomas, tales como Cultura, Educación, Sanidad y Agricultura.

Esquerra insiste en convertir en "vinculantes" los referendum y en estableder la libertad de consultas populares para las comunidades autónomas y corporaciones locales, sin necesidad de tener autorización del Estado.

En esa línea, el programa aboga por la implantación de un "día de referendos a mitad de Legislatura" en el que cada Grupo Parlamentario proponga qué cuestión quiere someter a la voluntad popular.