En concreto, ERC quiere "exigir al Ejecutivo el cumplimiento de las leyes" aprobadas en el Parlamento y, muy epecialmente, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Para ello, propone que se impulsen las medidas legales adecuadas para que el Gobierno sea "responsable ante la justicia del incumplimiento" de las normas salidas de las Cortes.

De ese modo, medidas como la reducción del sueldo de los funcionarios podrían haber sido recurridas, puesto que están estimadas en la Ley de Presupuestos.

Su idea sería crear "un mecanismo que fiscalice y obligue al gobierno a obedecer la voluntad popular que representa el Parlamento".

También piden impulsar una Ley de Transparencia Presupuestaria, que incluya una página web de información, donde se justifique "con facturas, hasta el último céntimo de los Presupuestos Generales del Estado". La excepción serán los fondos reservados, que deberán aprobarse en el Congreso.

ERC auspicia la supresión de los privilegios de los cargos públicos y los ex presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado y la regulación de salarios de los cargos públicos de la Administración General del Estado que, en todo caso, deberán "cobrar un salario adecuado a su responsabilidad".

También proponen impulsar una Comisión parlamentaria para la realización de un código ético y de austeridad que catalogue y reglamente el uso de los espacios y medios públicos, incluyendo los vehículos oficiales, los regalos institucionales, los convites institucionales.

Contemplan la supresión de las tarjetas de crédito de que gozan cargos institucionales o de organismos oficiales y exigen la fiscalización de la oportunidad y gasto de los viajes oficiales. En esa línea el gobierno, los órganos constitucionales y los organismos oficiales estarán obligados a enviar un informe semestral al Congreso de Diputados sobre la previsión de viajes oficiales, la delegación que va, el gasto que supone y cómo se financia. El Congreso deberá aprobar este gasto.

De igual modo, el programa electoral de Esquerra propone la no acumulación de sueldos en el ejercicio de cargos públicos y la incompatibilidad total de la actividad parlamentaria con otras actividades profesionales remuneradas.