La Defensora del Pueblo apuesta por un régimen sancionador “eficaz” para garantizar los derechos de la discapacidad

MADRID
SERVIMEDIA

La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, considera que, para que la Ley de Igualdades de Oportunidades y la propia Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad no sean "meras declaraciones de principios", resulta "necesario" un régimen sancionador "eficaz", "que sólo la Comunidad Foral de Navarra lo ha regulado en su territorio".

Así lo asegura en el periódico 'cermi.es semanal', órgano de expresión del Comité Español de Representantes de personas con Discapacidad (Cermi), en una entrevista publicada en su número 9.

La institución que dirige Cava de Llano tramitó el año pasado casi 35.000 quejas, "un 55,6% más que en 2009" y, según señala, "se prevé que en 2011 se incremente esa cifra".

Con respecto a las principales investigaciones de oficio llevadas a cabo por esta institución en materia de discapacidad, Cava de Llano destaca que, a través de las “numerosas” recomendaciones efectuadas, se ha logrado, por ejemplo, un incremento "sustancial" en la cuantía del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Asimismo, resalta que se ha conseguido que se reconozca el derecho a la asistencia sanitaria y a la prestación farmacéutica a todas las personas con discapacidad que no estuvieran incluidas en el Sistema de la Seguridad Social, y fijar un cupo de reserva de puestos de trabajo en las distintas administraciones públicas.

Otras acciones que se han llevado a cabo, según indica, son las dirigidas a eliminar todo tipo de barreras, gracias a lo que "se ha modificado el régimen jurídico de la propiedad horizontal para favorecer acuerdos de supresión de barreras arquitectónicas y eliminar barreras físicas para el acceso a la Universidad".

Además, destaca que, con el objetivo de promover la participación en la vida política de las personas con discapacidad, "hemos pedido la eliminación de barreras o sistemas que imposibiliten su efectiva participación y se ha solicitado al Ministerio de Interior un informe sobre la conveniencia de aportar medidas que garanticen la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos electorales".

(SERVIMEDIA)
04 Nov 2011
RBA/caa