Esa superficie afectada figura en un informe elaborado por WWF difundido este martes tras más de un año de investigación. Según esta organización, el robo del agua es uno de los delitos ambientales más extendidos e impunes en España y este “escándalo” ocurre frente a la “inacción durante décadas” de diferentes administraciones, que “no han controlado ni saben el agua que realmente se extrae de los pozos mientras se agotan los acuíferos”.

El informe indica que unas 88.640 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente en las cuatro zonas mencionadas y que el agua subterránea robada equivale a más de 65.000 piscinas olímpicas (casi 220 millones de metros cúbicos).

Para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar una cantidad de agua para un determinado fin, pero, según WWF, en estos cuatro acuíferos se riegan “sistemáticamente y con total impunidad” parcelas sin contar con autorización para extraer agua.

LAS TABLAS DE DAIMIEL

Los datos obtenidos por WWF indican que el acuífero que alimenta a Las Tablas de Daimiel, que es el caso más dramático, pues al menos 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída ilegalmente, el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol.

“Estos datos hacen saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas artificialmente para minimizar los impactos y aparentar normalidad. Mientras, el nivel del agua subterránea bajo ellas se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad”, apunta la organización.

Además, el robo ilegal de agua afecta a 23.975 hectáreas en el acuífero de Los Arenales (demarcación hidrográfica del Duero), 8.460 en el Campo de Cartagena (Segura) y 4.729 en los acuíferos de Doñana y El Aljarafe (Guadalquivir).

Para WWF, la clave para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos.

Además, en algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles. “La continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, alimentan esta situación, ya que, en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida”, asegura WWF.

Además, la propia Administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación concediendo derechos de uso de agua muy por encima de las capacidades según los planes hidrológicos, a causa del “descontrol en el uso del agua subterránea” y la “debilidad de la ley”.

Esto es lo que ha sucedido en Las Tablas de Daimiel, donde la administración pública se ha saltado su propio límite -establecido en el Régimen Anual de Extracciones- que tiene precisamente como objetivo reducir la extracción de agua para revertir el deterioro del acuífero, lo que llevó a que en 2019 se extrajera, un 72% más de agua del volumen permitido.

OTROS ACUÍFEROS

Otro de los puntos negros del robo del agua en España está en el acuífero de Los Arenales, en plena meseta castellanoleonesa. WWF concluye que en 2019 se regó con agua extraída ilegalmente 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol. Durante estos años se ha asistido a una transformación total en esta zona, que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua. Mientras, en los últimos 15 años se ha registrado un preocupante descenso del acuífero de Los Arenales que sitúa el nivel de agua en Tierra del Vino -la masa de agua subterránea más afectada- por debajo de los 25 metros.

Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano. La zona de Arenales sigue el “peligroso camino” de Las Tablas de Daimiel, que le llevó a ser declarado sobreexplotado y actualmente está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia, según WWF.

Por otro lado, en Doñana y Aljarafe, el humedal más importante de Europa, los datos que ha obtenido WWF concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente sobre todo para cultivo intensivo de fresas es de 4.729 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado numerosos pozos ilegales en la zona, pero la Junta de Andalucía no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia, según WWF, que destaca que Doñana ha perdido más del 80 % de sus marismas y el 90 % de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX por el avance de la agricultura intensiva.

Mar Menor es otro de los epicentros del robo del agua en España, que, además, vive momentos críticos tras un nuevo episodio de eutrofización que ha vuelto a convertir la mayor laguna salada de Europa en una ‘sopa verde’. La causa de este colapso ecológico se debe a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura. El informe señala que hay 8.460 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol.

“Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España. El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la impunidad y la inacción de las administraciones”, afirmó Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.

Con estos datos, WWF pidió a las autoridades una “acción contundente” para mejorar el control de las aguas subterráneas con una reforma de la Ley de Aguas, más plantillas y recursos de las autoridades del agua, el fin del procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos, sancionar a quienes que se saltan la ley y reducir la superficie de regadío.

“No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado y escaso recurso subterráneo, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. La agricultura ilegal y la impunidad de que gozan amenaza no sólo nuestros ecosistemas, sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve. Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas”, concluyó Seiz