Con motivo del Día Europeo contra la Trata de Personas que se celebra el 18 de octubre, AI criticó que “a un año de la publicación de su investigación ‘Cadenas’”, las autoridades han incumplido sus promesas. “Ni la Ley contra la Trata, que aún no ha sido presentada, ni el desarrollo reglamentario para regular el acceso al Ingreso Mínimo vital (IMV) de las víctimas de trata se han hecho todavía realidad”, criticó.

“Este lunes, las autoridades volverán a hacer declaraciones en redes sociales y en medios de comunicación intentando mostrar una preocupación por esta realidad”, indicó Virginia Álvarez, investigadora y responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España. “Lo que necesitamos es que pasen de las palabras a los hechos, porque las víctimas de trata no pueden esperar más”, agregó.

Lamentó que "España sigue desoyendo las recomendaciones de organismos internacionales para poner en el centro de toda actuación los derechos de las víctimas de trata", ya que su identificación se mantiene ligada a las operaciones policiales contra las redes de crimen organizado.

Del mismo modo, "continúa dependiendo de estas unidades activar o no mecanismos de protección que, en muchos casos, ni siquiera son respetados una vez activados".

Además, sigue sin haber un mecanismo multiagencial, en el que participen los distintos organismos encargados de detectar a las posibles víctimas de trata, para asegurar que ninguna de ellas se queda sin identificar en un país que por su situación geográfica es puerta de entrada y también de destino y tránsito.

Este mecanismo ayudaría también a identificar a posibles víctimas que sumen vulnerabilidades, como mujeres trans o mujeres con algún tipo de discapacidad psíquica o intelectual, que pueden estar incluso más invisibilizadas.

Según el último balance del Gobierno con datos de entre 2016 y 2020, 44.117 personas fueron calificadas en situación de riesgo, pero solo 885 (entre las que había dos niñas, un niño y 12 varones) fueron finalmente consideradas víctimas de trata. De ellas, 160 lo habrían sido en el año 2020.

Estos datos no incluyen a las mujeres que solicitan protección internacional o migrantes que llegan a las costas. La organización recuerda que si no se identifica a las posibles víctimas, los siguientes pasos como garantizar su asistencia, acceso a la justicia y derecho a la reparación resultan inexistentes.