El pasado 5 de agosto, el Juzgado de Instrucción Número 29 de Madrid admitió a trámite la querella de Vox contra Tezanos por un presunto delito de malversación de caudales públicos. Contra esa querella recurrió en representación del presidente del CIS la Abogacía del Estado al que se adhirió la Fiscalía, que solicitó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.

La Audiencia Provincial considera en un auto al que tuvo acceso Servimedia, que los “términos vagos e imprecisos que sustentan la querella y el informe pericial que la acompaña”, no precisan en el auto impugnado “cuáles son los hechos concretos a investigar ni explica qué relación guardan las conductas descritas con el delito de malversación de caudales públicos que supuestamente se refiere cometido”.

Entiende que “la falta de concreción imputable a la acusación popular en el ejercicio de la acción penal no debió sino comportar, sin necesidad de entrar en otras consideraciones sobre el carácter prospectivo de la investigación pretendida, la inadmisión a trámite de la querella” puesto que los hechos que se someten al juez “no revisten apariencia de delito”, lo que “inevitablemente ha de suponer el sobreseimiento de la causa”.

Según el ministerio público, las acusaciones de Vox están basadas en "conjeturas" y "meras sospechas" que vinculan de forma "no adecuada" la ineficacia en la realización de encuestas con la administración fraudulenta de la institución.

Para Vox, el funcionamiento del CIS al frente de Tezanos, desde 2018, era "irregular" y le acusaba de manipular las encuestas en favor del PSOE y "actuar dolosamente modificando incluso las técnicas operativas profesionales a aplicar para conseguir sus objetivos, beneficiar al PSOE".

Con la querella, Vox pretende investigar prospectivamente las encuestas del CIS de los tres últimos años "teniendo en cuenta además los elevados costes que paga el CIS por las subcontratas", según la querella.

Los jueces consideran que en este caso la querella se refiere a hechos que “han sido objeto de continua controversia en los medios de comunicación y de los que se hace eco el mal denominado informe pericial, el cual no constituye sino un mero compendio de artículos de opinión sobre los constantes errores en que incurrieron las encuestas publicadas”.

Las conclusiones de ese informe, señala el auto “nada tienen que ver con la imputación de ilícito penal alguno, lo que tratándose de una cuestión motivo de debate político entre diferentes partidos, es del todo punto ajena al derecho penal”

Así, continúa, el querellante “sostiene que los errores en las encuestas elaboradas por el CIS son de una imprecisión extrema y no obedecen a meros errores aritméticos al superar en más de tres puntos de media el margen de lo que se pudiera considerar habitual, hallándose destinadas a favorecer a una formación política situada en el espectro electoral de la izquierda, en detrimento de otras que ocupan el espacio de la derecha, pero sin que el aumento del coste de las encuestas se refleje en una mayor calidad y precisión, pues sus arbitrarios y sorpresivos cambios de criterio están orientados –afirma- a servir simplemente a los particulares intereses del partido gobernante, sin acreditación científica alguna que los avale y al solo fin de generar una corriente en la opinión pública que favorezca al partido que nombró al querellado para ocupar la máxima responsabilidad de dicho organismos en el año 2018”.