En el trámite de cuestiones previas, su abogado, Sergio Nuño Díez de Lastra, ha pedido al tribunal que aparte a la formación de izquierdas “como se hizo con el PP en el ‘caso Gürtel’” por lo que considera un “incumplimiento del principio de legalidad”. A su juicio, la acusación popular está instrumentalizando esta causa con objetivos políticos y citó expresamente la investigación parapolicial sobre el exlíder de la formación, Pablo Iglesias, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

El letrado acabó hablando del robo de “la famosa tarjeta de la asesora Dina Bousselham”, que, según su parecer también ha usado Podemos con fines partidistas, e hizo referencia al chat de los servicios jurídicos de Podemos, en el que una de las abogadas de la formación, que ya no trabaja en Podemos, “de forma absolutamente reprobable, se vanagloriaba de la connivencia existente con los fiscales que presentaron la denuncia en esta causa y de cómo se intercambiaban información pese a estar entonces secreta la causa”. La Fiscalía pide para Alcalá un total de 86 años de cárcel.

En la segunda jornada del juicio, han sido varias las defensas que se han pronunciado sobre la validez de las grabaciones intervenidas a Villarejo como prueba en este juicio. Todos ellos han pedido la nulidad de esas grabaciones por considerar que han sido obtenidas de forma irregular, sin el necesario control judicial y por haber estado en manos de la Policía durante 72 días sin que se pueda comprobar de manera fehaciente si se respetó la cadena de custodia. El abogado de Alcalá insistió en que los cientos de grabaciones realizados por Villarejo a lo largo de decenas de años podría estar manipulados.

Uno de los abogados subrayó que al tratarse de copias “resulta imposible saber si son legítimas o no lo son”. Además, se puso en duda su autenticidad dado que no han sido “afloradas por Villarejo”, sino que las obtuvo la Unidad de Asuntos Internos de la Policía que las mantuvo en su poder.

Así, el caballo de batalla de la segunda sesión del juicio ha sido la supuesta invalidez de las pruebas obtenidas en fase de instrucción. Las defensas de la pieza ‘Iron’, en la que se juzga a un bufete de abogados por espiar a un exsocio que montó otro despacho competidor, han puesto en tela de juicio el principio de legalidad de la cadena de custodia de todo el material incautado a Villarejo en los registros realizados en noviembre de 2017. Además, los abogados defensores esgrimen que los delitos de revelación de secretos y prevaricación están prescritos, puesto que se cometieron en 2013.

COSA DEL CNI

La defensa más beligerante ha sido la de Gema Alcalá, que ha sostenido, al igual que hiciera Villarejo, que el CNI está detrás de toda esta investigación a la que hay que añadir “una terrible campaña informativa, tóxica, para vulnerar el derecho de defensa de los aquí acusados y generar un clima de condena previa a la celebración de este juicio". Insistió, igualmente, en que la esposa del excomisario nunca participó en los hechos que se enjuician y reprochó a la Fiscalía las “acusaciones sorpresivas” en su contra.

Por su parte, la defensa del exinspector de la Policía Constancio Riaño; del subinspector de la UCAO Javier Fernández Pérez; y del funcionario de Hacienda Antonio Chaparro Luque, acusados de facilitar información confidencial y privada de los espiados, también reclamaron la nulidad de las pruebas. Por su lado, los abogados de dos de los contratantes de Villarejo insistieron en que el trabajo encargado fue legal y en que el perjudicado fue el despacho Herrero y Asociados, que pagó a Villarejo, y no el despacho al que espiaron.

Al comienzo de la sesión, el tribunal ordenó la busca y captura de uno de los acusados en la pieza ‘Pintor’, que se encuentra en paradero desconocido. Se trata de Juan Manuel León, para quien Anticorrupción pide una condena de doce años de prisión por descubrimiento y revelación de secretos.