En esta primera sesión de la vista oral en la que se juzgan las piezas ‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pastor’, Villarejo se sentó en la primera fila del banquillo de los acusados. Llamaba la atención verle ataviado con toga, que puede llevar por ser abogado. Su intención es defenderse a sí mismo ayudado por el letrado García Cabrera.

El Tribunal rechazó la petición de aplazamiento después de una breve deliberación porque entiende que los abogados tienen tiempo para instruirse sobre la causa desde ahora hasta el próximo 15 de noviembre, en que se reanudará la vista tras finalizar, mañana, el trámite de cuestiones previas.

La presidenta del tribunal, Ángela Murillo, explicó que ese es plazo suficiente para que las defensas se instruyan, hasta que los acusados comiencen a declarar. Las sesiones previstas para lo que queda de este mes han sido suspendidas porque al abogado Aitor Martínez, que representa al comisario Enrique García Castaño, tiene la vista de Julian Assange en Londres en esas mismas fechas.

Villarejo se sienta en el banquillo junto con otras 26 personas entre las que se encuentran su socio, Rafael Redondo; su esposa, Gema Alcalá; su hijo; el exjefe de la Unidad Central Adjunta Operativa de la Policía Enrique García Castaño; y los inspectores Constancio Riaño y Antonio Bonilla.

Junto a los acusados del entramado policial, también están acusados sus clientes: Susana Cereceda, hija del promotor de la urbanización de lujo La Finca (Madrid); el empresario Juan Muñoz, marido de la periodista Ana Rosa Quintana, y su hermano; y los responsables de un bufete de abogados. Varios de ellos han alcanzado acuerdos de conformidad con la Fiscalía por los que reconocen los hechos y aceptan penas menores de dos años para no entrar en prisión.

Villarejo y los principales investigados sostienen que son inocentes, pero nueve de los acusados tienen ya amarrados esos acuerdos de conformidad que pondrán más difícil la defensa al comisario jubilado. Sus testimonios apuntalarán la versión de Anticorrupción sobre la existencia de un entramado policial corrupto.

ACUERDOS

El ‘caso Tándem’ acumula una treintena de piezas separadas de las que en esta vista se juzgan tres. La sentencia marcará un antes y un después en el caso. Una condena respaldaría la idea de la existencia de una organización que se valía de los medios de la Policía a la que recurrían grandes empresas y políticos para solucionar sus problemas por la puerta de atrás. Por eso cobran especial relevancia los acuerdos con varios de los acusados.

El proyecto ‘Iron’ fue encargado en 2013 por el bufete Herrero y Asociados, que, según Anticorrupción, habría pagado 302.500 euros "de forma opaca" para espiar a un despacho rival al que se habían ido sus exsocios y abogados. La Fiscalía pide 57 años de cárcel para Villarejo. En este caso, el exdirectivo del bufete Álvaro Martínez y su socios, los hermanos Mario y Francisco Carpintero López, han pactado su condena.

En la pieza ‘Land’ se investiga el pago de más de 340.252 euros a Villarejo por Susana García Cereceda, hija del promotor de la urbanización La Finca, Luis García Cereceda, que hizo el encargo a Villarejo para presionar al resto de los herederos del empresario y salir favorecida. En ese caso, Anticorrupción pide 38 años y 10 meses para el excomisario, que lo tiene difícil porque la principal acusada, su mano derecha, Francisco Lorenzo Peñalver, y su jefe de Seguridad, David Fernández Aumente, ha llegado a acuerdos con el ministerio público.

En la pieza ‘Pintor’, por la que la Fiscalía Anticorrupción pide 14 años de prisión, el acuerdo se extiende a los empresarios Juan y Fernando Muñoz Tamara y al abogado Ricardo Álvarez-Ossorio. Están acusados de contratar a Villarejo para buscar información sobre un exsocio y su abogado, el exjuez Javier de Urquía, para obligarle a pagar una deuda.

GRABACIONES

Villarejo tratará de demostrar que sus superiores y el CNI sabían de sus actividades y tratará de presentarse como un defensor del Estado incluso cuando hacía trabajos privados a través de su empresa Cenyt. La Fiscalía, sin embrago, tratará de demostrar que el comisario se aprovechó de su posición privilegiada en la Policía para enriquecerse y acceder a información protegida.

Uno de los caballos de batalla de estas cuestiones previas se centra en saber si el tribunal avalará la legitimidad de las grabaciones descubiertas por los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía encargados de la investigación del 'caso Tándem' durante el registro de las viviendas de Villarejo, que demuestran que hacía negocios utilizando datos policiales y bancarios, que tendrían que ser reservados para investigaciones oficiales de la Policía. El tribunal también tendrá que decidir si admite como prueba las agendas del excomisario decomisadas en esos registros.

A su llegada a la sede de la Audiencia Nacional, Villarejo dijo a los periodistas que confía en que “no sea una justicia folclórica", porque un juicio así "sería como un linchamiento en el oeste” y se mostró como una víctima a la que se ha considerado un “enemigo al que hay que aniquilar” por sus continuas “denuncias de todas las ilegalidades que ha habido en este país".