El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, criticó este miércoles en declaraciones a Servimedia que la propuesta del PP para reformar la negociación colectiva, en la que hará que prevalezcan los convenios de empresa frente a los sectoriales o territoriales, supone, en la práctica, “una apuesta por los recortes salariales”.

Esta medida acabaría con los mínimos salariales que habitualmente se establecen en los convenios sectoriales, de manera que los sueldos de los trabajadores quedarían relegados a la negociación entre la empresa y los empleados.

“Esta medida aumenta el poder discrecional de los empresarios sobre los salarios”, aseveró Ferrer, quien recordó que la gran mayoría de las empresas en España tienen menos de 50 trabajadores.

Asimismo, el dirigente sindical critica que el programa del PP “olvida” el diálogo social, ya que no hace ninguna mención en todo el programa sobre esta materia ni sobre la concertación con los agentes sociales.

Ferrer lamentó también que el principal partido de la oposición abogue por reducir la fiscalidad de las rentas de capital, “utilizando el eufemismo de ahorradores”, y por llevar a cabo una reforma laboral “en la que va primar reducir los derechos de los trabajadores”.

En este sentido, sostuvo que cuando el partido que preside Mariano Rajoy utiliza el “eufemismo de reducir la segmentación y dualidad”, lo que realmente pretende es una reforma del mercado de trabajo que recorte los derechos de los trabajadores y que “rompa con la causalidad en la contratación”, al reducir los modelos contractuales.

Además, acusa al partido de “persistir en las políticas que ya han fracasado”, como en la reducción de impuesto o en la primacía del ajuste del déficit sobre la inversión para la recuperación de la economía y el empleo.

También denuncia que no aparecen en el programa “apuestas para el cambio de modelo productivo” mientras que sí que concreta otras medidas para “recuperar” el sector de la vivienda “mediante estímulos fiscales”.

Por otro lado, critica que el PP no propone “nada” para desarrollar políticas de “justicia social y de igualdad”. Así, echa en falta política para mejorar la “protección de las personas desempleadas, máxime cuando cae la cobertura por culpa de la duración de la crisis”.