La nueva ordenanza, conocida ahora como Madrid Distrito Centro y que sustituye a Madrid Central, permite el acceso de vehículos particulares de empresas y autónomos a las zonas de bajas emisiones y a las zonas de bajas emisiones de especial protección.

En opinión del Defensor del Pueblo, supone un “retroceso medioambiental” sobre el que ya advirtió al consistorio el pasado mes de agosto. Además, esta institución considera que la regulación de las zonas de especial protección es “mejorable” y que es necesario establecer “una regulación adicional que disminuya la discrecionalidad administrativa respecto a la concesión de permisos excepcionales”.

Según advierte Fernández Marugán en un escrito enviado al Ayuntamiento, “bajo la pretendida equiparación con los residentes, se llega a un régimen más laxo”, dado que ahora entrarán más vehículos de lo que se permitía con la regulación anterior, sin que exista una estimación oficial del número de automóviles que circularán por la zona de bajas emisiones de especial protección, ni informes técnicos que avalen que la adopción de esta medida no supone un retroceso en la protección ambiental.

Por tanto, el Defensor del Pueblo ha instado al Ayuntamiento a “revisar la regulación de la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección Distrito Centro, garantizando, al menos, el nivel de protección ambiental existente en la Ordenanza de 2018 y el Acuerdo de la Junta de Gobierno del mismo año”.

La institución también cree que las restricciones aplicadas a la Zona de Especial Protección de la Plaza Elíptica son muy limitadas tanto por su ámbito territorial como por su alcance, ya que sólo se restringe el acceso a los vehículos con distintivo A, y dentro de ello aún se establecen excepciones. Por ello, también quiere que se revise la regulación de esta nueva zona de protección especial.

RESPUESTA DE ALMEIDA

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, respondió a Fernández Marugán en una rueda de prensa en el consistorio calificándole de “Defensor del Gobierno de la nación y del Partido Socialista”, y criticó al PSOE por decir que “no hay que colonizar las instituciones” mientras el actual Defensor del Pueblo fue diputado socialista durante ocho legislaturas.

“Francisco Fernández Marugán ha llegado al extremo no ya de enviar esta carta, que desconozco, sino de enviar una carta a un mes o mes y medio antes de que se aprobara la Ordenanza de Movilidad Sostenible sin que supiera cuál es el contenido de la misma para decirnos lo mala que era la Ordenanza de Movilidad Sostenible. Ahora se ratifica en lo mala que es la Ordenanza de Movilidad Sostenible”, añadió.

Almeida indicó que Fernández Marugán debe “asumir” que ostenta la dirección de un órgano constitucional. “La Defensoría del Pueblo, en mi opinión, merece un mayor respeto por las instituciones que la que está demostrando y, desde luego, no se está haciendo acreedor a la responsabilidad que desde el punto de vista constitucional tiene encomendada una institución tan importante”, apuntó.

Por último, Almeida señaló que en el Ayuntamiento de Madrid se han “acostumbrado” a recibir cartas “siempre críticas” del Defensor del Pueblo. “El problema que tiene es que cuando se actúa con tan poca ecuanimidad al final las cartas se acaban siquiera sin leer”, concluyó.