El borrador de la norma indica que los propietarios de perros estarán obligados a haber realizado previamente un curso de formación acreditado para su tenencia y suscribir un seguro de responsabilidad civil, y no podrán dejarlo sin supervisión más de 24 horas consecutivas (este caso se amplía a tres días para cualquier otro animal de compañía).

La ley prohíbe el sacrificio de animales de compañía salvo por criterio y control veterinario, utilizarlos de forma ambulante como reclamo o ejercer la mendicidad valiéndose de ellos y mantenerlos “permanentemente” en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios o vehículos.

Tampoco se permitirá la cría realizada por personal no autorizado, la venta de animales de compañía en tiendas ni se permitirán los circos con animales salvajes (que deberán modificar su actividad en un máximo de seis meses), ni actividades como el tiro al pichón o las peleas de gallos.

"Una verdadera norma de protección animal debe abarcar a todos los animales, como lo hace la 'Ley Cero' que presentamos hace años y en varias ocasiones al Congreso y a todos los partidos políticos, y que volvimos a presentar en esta ocasión", recalcó en un comunicado Laura Duarte, presidenta de Pacma.

Esta formación indicó que presentó sus propuestas en la consulta pública previa de la ley, que se abrió en diciembre de 2020. Tras ese trámite, en cualquier proceso de proyecto normativo se valoran las propuestas y se presenta el anteproyecto de ley, a la vez que se procede al trámite de audiencia e información pública del mismo.

“Llevamos esperando este trámite desde febrero, la fecha en la que la Dirección General de Derechos de los Animales prometió que estaría publicado el anteproyecto de ley”, apuntó Duarte, quien añadió: ”Sin embargo, el documento que está circulando y que el propio Ministerio de Asuntos Sociales ha publicado es un borrador del anteproyecto, pero no es el anteproyecto en sí".

Por ello, el Pacma mostró "cautela" porque el borrador puede sufrir cambios antes de ser publicado como anteproyecto. “El trámite de audiencia e información pública suele durar 15 días. Posteriormente, se valoran las alegaciones presentadas, lo que puede durar varios meses. Finalmente, ese texto será el que irá al Congreso y será entonces cuando inicie su andadura parlamentaria, incluida la fase de enmiendas, hasta su aprobación definitiva, algo que puede prolongarse tanto como para que se agote la legislatura”, concluyó Duarte.