Según el partido de Inés Arrimadas, la regulación vigente en materia de conciliación para estos profesionales no solo no permite garantizar su derecho, sino que, además, sitúa a estos trabajadores en una “evidente situación de desventaja” frente a otros.

Por ello, con esta iniciativa aboga por incorporar al año judicial un periodo de vacaciones judiciales navideñas, desde el 23 de diciembre al 6 de enero, en el que los tribunales no desplegarán más actuaciones que las correspondientes a la instrucción de asuntos penales que no puedan demorarse y a los demás asuntos expresamente declarados urgentes por las leyes procesales.

También apuesta por ampliar, para cada uno de los órdenes jurisdiccionales, las causas que habilitan para la suspensión del proceso, para el aplazamiento de las vistas y para la no asistencia justificada a las mismas por alguna de las partes, a fin de garantizar el derecho a la conciliación familiar de los operadores que intervienen en el ámbito del proceso judicial.

Asimismo, propone ponderar “adecuadamente”, en el desarrollo legislativo de las medidas previstas, el equilibrio entre la finalidad de conciliación de la vida profesional y familiar de los operadores jurídicos con la debida garantía del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes litigantes.