La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del alto tribunal ha desestimado, por tanto, el recurso interpuesto por el sindicato contra la resolución en la que se acuerda la denegación de la manifestación, convocada con el objetivo de “denunciar las nefastas políticas económicas y energéticas que se están poniendo en marcha por parte de los gobiernos y la sumisión de estos gobiernos a las grandes empresas”, así como “el empleo del topónimo de ‘Isla de La Toja’”.

El alto tribunal recuerda que tanto la Constitución como la ley reguladora del derecho de reunión establecen que, si la autoridad gubernativa considerase que existen razones fundadas de que puedan producirse “alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, podrá prohibir la reunión o manifestación o, en su caso, proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o manifestación”.

En este caso, los jueces destacan que la decisión de la Subdelegación del Gobierno está fundamentada en los informes de la Comandancia de la Guarda Civil de Pontevedra y de la Policía Local de O Grove.

El TSXG considera que esos documentos son “concluyentes” para acreditar las circunstancias que impiden la celebración de la manifestación por el itinerario previsto, pues discurre entre las glorietas que flanquean el puente de la Isla de A Toxa, que es “la única vía de acceso a la isla, con dos carriles de circulación y aceras muy estrechas”.

Además, la Guardia Civil y la Policía Local indican que, si bien el recorrido se puede hacer “en poco tiempo”, pues es “de 400 metros de ida y 400 de vuelta”, la manifestación se pidió para las horas previstas para la celebración del foro, “lo que supondría el corte de la circulación rodada de entrada y salida a la isla durante prácticamente la mañana, en definitiva, un bloqueo de la isla durante cuatro horas, lo que significaría el aislamiento de residentes y transeúntes”.

“Si a esto unimos la inexistencia de vías alternativas para acceder y retornar de la isla, entendemos que la manifestación supone la existencia de un riesgo real y no meramente potencial para la integridad de las personas y los bienes, en cuanto imposibilitaría la prestación de servicios esenciales, tales como bomberos, policía o urgencias médicas”, recalca el tribunal, al tiempo que incide en que el lugar elegido para realizar la manifestación “impide el itinerario que deben seguir las distintas autoridades y asistentes al foro, lo cual implica no poder garantizar su seguridad y acceso al acto”.

Los jueces, además, resaltan que en el informe de la Policía Local de O Grove se recogen alternativas menos lesivas que la prohibición de la manifestación y destacan que la CIG “tuvo la oportunidad de proponer/aceptar el itinerario alternativo propuesto en el citado informe, y sin embargo, no efectuó manifestación alguna en ese sentido”. Por ello, entienden que “nunca fue su intención aceptar una modificación del itinerario, al menos en los términos que en el informe se indican”.