Estas son dos de las promesas incluidas en un resumen del programa electoral, al que ha tenido acceso Servimedia antes de que el Comité Ejecutivo Nacional del PP apruebe mañana lunes en Santiago de Compostela el documento completo con los compromisos electorales de Rajoy para los comicios del 20 de noviembre.

Dentro del capítulo del programa electoral "La administración, motor del cambio", el PP avanza que si llega a La Moncloa definirá "con mayor precisión el marco competencial de cada una de las administraciones, evitando los solapamientos innecesarios, la proliferación de estructuras burocráticas y el aumento excesivo del personal al servicio de las administraciones".

Para mejorar el funcionamiento público, desarrollará "indicadores de evaluación e intercambios de información que permitan el contraste público de la eficacia y eficiencia de las distintas administraciones en la prestación de servicios públicos".

Rajoy llevará a cabo una poda en el Gobierno central de organismos superfluos. Para ello, reducirá "el número de entes y organismos del sector público para asegurar una gestión más transparente y eficiente"

En este sentido, suprimirá "todos aquellos entes que no respondan a una racionalidad económica o administrativa, supongan merma de transparencia o de garantías jurídicas o cuya actividad pueda ser realizada por la administración con sus actuales medios".

El líder del PP quiere que la austeridad sea un principio básico de su futuro Gobierno, por lo que abordará "la racionalización de estructuras administrativas y costes" y reducirá "el número de altos cargos, personal eventual y los gastos corrientes", además de hacer "un uso más eficiente de los coches oficiales".

"Exigiremos que los presupuestos de todas las administraciones distingan los gastos correspondientes a servicios públicos básicos de aquellos que no lo son. De este modo, los ciudadanos tendrán un exacto conocimiento de los recursos destinados a funciones esenciales", argumenta en el programa electoral.

Rajoy también propone homogeneizar por ley los sueldos "de los cargos electos locales, teniendo en cuenta la dimensión de los municipios, las circunstancias socioeconómicas del entorno y los recursos económicos administrados".

Respecto a los ayuntamientos, pretende aprobar "una nueva ley básica del gobierno y administración local que atribuya con mayor precisión las competencias de estas administraciones y les dote de instrumentos más adecuados para la gestión" y vaya acompañada de un "nuevo modelo de financiación local".

Finalmente, impulsará "un catálogo básico nacional de servicios públicos esenciales para garantizar la igualdad de todos los españoles" y llevará a cabo "acreditaciones externas de calidad que garanticen a los ciudadanos los mayores estándares en la prestación de los servicios públicos".