Así lo manifestó la plataforma de la discapacidad este jueves, coincidiendo con la celebración, el 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas de Edad, y que este año conmemora su 31º aniversario desde que en 1990 fuera instaurado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de generar conciencia sobre el envejecimiento y el lugar de las personas mayores en la sociedad.

Desde la entidad se ha elaborado un manifiesto con las principales reivindicaciones en relación a las personas con discapacidad mayores. Y es que, tal y como han asegurado desde el Cermi, en su caso, la discapacidad, ya sea sobrevenida o no, constituye un “factor adicional que reclama más y mayor protección social y un cumplimiento más estricto y exquisito de sus escasos derechos existentes”.

En relación a las reformas, según el Cermi, la pandemia ocasionada por la Covid-19 ha puesto de manifiesto la endeblez de muchas de las legislaciones y sistemas de protección que amparan a las personas mayores.

Por esto, exigen de los diferentes actores sociales una “reflexión y compromiso ético y moral” que garanticen “que no se repiten los hechos ocurridos durante las peores fases de la pandemia”, en las que la discriminación ejercida sobre las personas por razón de edad o discapacidad ha tenido “consecuencias letales en muchos casos”. En este sentido, también piden que les aseguren una atención sanitaria en igualdad de condiciones a las del resto y que se enfoquen los recursos hacia la ‘atención centrada en la persona’ que parte del respeto pleno a su dignidad y derechos, a sus intereses y preferencias y cuenta con su participación efectiva.

Sin embargo, desde la entidad aseguran que, aunque se han dado “grandes avances legislativos y sociales que están facilitando el diseño y puesta en marcha de nuevos paradigmas, “aún son insuficientes”.

Destacan en este sentido, la ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad mayores en el ejercicio de su capacidad jurídica, que obliga a prestar los apoyos individualizados que cada persona necesite para ejercer su capacidad jurídica y poder así tomar y expresar sus decisiones de manera libre, autónoma e informada.

En relación a la accesibilidad, el Cermi considera que, para poder conservar los derechos de las personas mayores con discapacidad, se deben evitar nuevos problemas de accesibilidad en materia de nuevas tecnologías. De la misma manera, pone de manifiesto la importancia de disponer de ciudades accesibles e inclusivas que garanticen que el entorno se adapte a toda la ciudadanía, especialmente a las personas con discapacidad mayores.

Por otro lado, desde el movimiento social de la discapacidad aseguran que las mujeres mayores siguen siendo un grupo social “en gran riesgo de exclusión especialmente si se asocia la edad y discapacidad, lo que hace necesaria una “atención específica para este grupo”.

Por último, recuerdan que otro de los grandes damnificados es el ámbito rural. Según Cermi, la precariedad e incluso la inexistencia de dotaciones de tecnologías de la información y la comunicación, hace necesaria una “inaplazable intervención pública” acompañada por la exigencia de partidas presupuestarias adecuadas, creíbles e inmediatas.