Considera el magistrado que en este caso había un “riesgo probado de infección” derivado de la naturaleza del centro de trabajo y del contacto estrecho y diario con los residentes.

La sentencia asegura que la demandante tenía un trabajo con una “clara exposición” al coronavirus y añade que en muy pocos días hubo varias infecciones de trabajadores del centro.

Por eso, y por el hecho que la empresa no adoptó las medidas suficientes, “se ha de presumir que la demandante contrajo la enfermedad en el trabajo” y sería, por tanto, una enfermedad profesional.