Según fuentes gubernamentales, la Cancillería española sigue de cerca el caso de la cooperante que reside en Palestina desde 1985 y a la que fuerzas militares israelíes detuvieron en su casa la noche del pasado 13 de abril, acusada de financiar al financiar el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), un grupo considerado terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea.

El director General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares mantuvo sucesivas conversaciones con la Embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, con la finalidad de transmitir el interés del ministerio por el proceso y “la necesidad de velar por los derechos de Juana Ruiz”, encarcelada en la prisión de Damon, en Haifa, así como “por el adecuado ejercicio de la asistencia consular”.

El departamento que dirige José Manuel Albares concede “la máxima prioridad” al caso, y en el mismo trabajan actualmente tanto los servicios centrales de la Acción Exterior como de la Embajada de España en Tel Aviv y el Consulado General de España en Jerusalén.

APOYO "FIRME Y CONSTANTE"

En la misma línea, personal del Consulado General de España en Jerusalén asistió a varias de las vistas judiciales celebradas hasta la fecha y mantiene un estrecho contacto tanto con los familiares de la cooperante “como con su asistencia letrada, tratando de asegurar la adecuada protección de los derechos de defensa”, incluidos los relacionados con la traducción.

La acusación contra Juana Ruiz, coordinadora de proyectos en la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, que vive desde hace décadas en los territorios ocupados, motivaron la respuesta en su día desde fuentes diplomática, que recordaron el compromiso del Gobierno de España contra dicha lacra “es firme y constante”. Y añadieron que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) reforzó los procedimientos de concesión de subvenciones de cooperación “para evitar cualquier desviación en este sentido”.

En la misma línea, a principios de agosto, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidente de la Comisión Europea, Josep Borrell, afirmó que no encontraron pruebas fundamentadas de uso indebido o desviación de fondos de cooperación en Palestina, el motivo que esgrimió Israel para la detención y acusación de la cooperante española.