Así lo anunció la portavoz del Gobierno, Isabel rodríguez, al término de la reunión del Ejecutivo, donde destacó que este marco regulatorio aportará “estabilidad” a las compañías aéreas y a los usuarios.

El Gobierno debía fijar dichas tasas entre la propuesta de Aena que suponía una subida de tasas del 3,29% (que solo tendría lugar en 2026 ya que hasta 2025 las tasas ya debían estar congeladas), el 0,44% de bajada defendido por Aena y el 3,38% de descenso pedido por las aerolíneas.

Por otro lado, el DORA recoge una inversión en actividades reguladas en este periodo de 2.250 millones de euros, que es la misma que estaba prevista antes de la suspensión de las obras de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Con ella, que será de 450 millones anuales, según destacó Rodríguez, se podrá “dar respuesta a todas las necesidades y superar las consecuencias de la pandemia en el transporte aéreo”.

El documento establece también las condiciones que deberán cumplirse en los aeropuertos de la red de Aena en materia de calidad y medioambiente, además de la capacidad y las inversiones.

GESTIÓN EFICIENTE

Entre sus objetivos, destacan la recuperación del tráfico y la gestión eficiente de la red aeroportuaria en términos de seguridad y calidad.

Además, sitúa la sostenibilidad medioambiental como eje vertebrador de las actuaciones y la innovación como pieza esencial para la eficiencia y la calidad en la prestación del servicio.

El compromiso con la sostenibilidad medioambiental se medirá con la incorporación de 6 nuevos indicadores medioambientales que completarán los estándares de calidad del servicio del DORA 2022-2026.

En materia de inversiones y con objeto de potenciar la sostenibilidad en la red de Aena, se llevará a cabo el Plan Fotovoltaico, que permitirá a Aena la autogeneración de toda su energía eléctrica en 2026.

La aprobación del documento culmina un largo e intenso proceso de diálogo y concertación desarrollado a través de la Dirección General de Aviación Civil, que comenzó con la propuesta inicial de Aena, sobre la que se ha pronunciado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, y que fue presentada también a los Comités de Coordinación Aeroportuaria.