Se trata de un acuerdo alcanzado entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con las organizaciones de autónomos ATA, UPTA y Uatae por el que se extienden las prestaciones ligadas al Covid hasta febrero de 2022, en línea con el plazo de prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

Continúa la ayuda extraordinaria, que inicialmente el Ejecutivo había propuesto eliminar, aunque con cambios en las condiciones. Entre los requisitos para percibirla se exige una caída en la facturación de al menos el 75% en el último trimestre de 2021 comparado con el mismo periodo de 2019 y un límite de ingresos del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Su cuantía se mantiene en el 50% de la base mínima.

Siguen las exoneraciones de cotización graduales para los que venían percibiendo alguna de las prestaciones ligadas al Covid (del 90% en octubre, 75% en noviembre, 50% en diciembre y 25% en enero). Casi 220.000 autónomos las estaban percibiendo a finales de septiembre.

Se prorroga la prestación por suspensión de la actividad o por cierre por decisión administrativa, con una cuantía del 70% de la base mínima y la prestación para autónomos de temporada, también con un 70% de la base mínima.

También contempla una prestación extraordinaria para los autónomos de La Palma que se vean obligados a suspender o cesar su actividad como consecuencia de la erupción volcánica. Los cinco primeros meses de percepción no computarán a efectos de consumir periodos de percepción (‘contador a 0’) y se considerará como cumplido el requisito de periodo mínimo de cotización de 12 meses.