Así lo manifestó durante la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política del partido, en la que, tras recordar que él mismo es abogado del Estado, se preguntó “si quizás ha cambiado el reglamento del servicio jurídico”, ya que, señaló, la defensa de las autoridades, funcionarios de la Administración del Estado y organismos públicos adheridos tienen límites, el primero es que “no confrontase con los intereses generales de España”.

El abogado del Estado dijo Buxadé, acude, “con orgullo y una gran capacitación profesional”, por ejemplo “a la defensa procesal y penal de policías nacionales y guardias civiles, que han sido objeto de delitos de atentado, de resistencia grave, o lesiones contra ellos”. Pero puso en duda la conveniencia de “defender a una ministra, en un asunto complicadísimo, donde están los intereses de España” en juego, y se preguntó “si se trata es de salvar la cara del partido socialista”.

Además, señaló, “otro de los requisitos es que tenía que haber un informe de la autoridad superior”, por lo que, infirió, “habrá un informe del presidente del Gobierno pidiendo que la Abogacía del Estado acuda en defensa de Laya”, informe que consideró “interesante” que se conociese. “¿El Gobierno, el presidente del Gobierno ha solicitado que la Abogacía del Estado vaya a defender a González Laya?”, se preguntó.

Para el portavoz nacional de Vox, es clave valorar si la defensa de la exministra de Asuntos Exteriores entra en confrontación con los intereses generales de España. “Es un elemento fundamental, que impediría la intervención de la Abogacía del Estado”, dijo, ya que “está al servicio de España, no del Gobierno”, apostilló.

IMPUTACIÓN EN LA CAUSA

El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, decidió la semana pasada imputar a la exministra de Exteriores, Arancha González Laya, por la entrada ilegal del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en España para ser tratado de Covid-19 en un hospital de Logroño.

Ahora el juez tendrá que citar a declarar a la exministra para conocer su versión de lo sucedido. Además, tomará declaración a la que fuera jefa de Gabinete de la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo. Esta declaración fue solicitada por una de las acusaciones populares tras la declaración como imputado del que fuera jefe de Gabinete de Laya en Exteriores, Camilo Villarino.

Villarino dijo al juez que la ministra fue la que impartió las instrucciones sobre la entrada de Ghali, aunque su impresión es que las órdenes no partían de ella en exclusiva, ya que le dijo que “se había tomado la decisión” sin aclarar exactamente la identidad de quien participó ese proceso.

El líder del Frente Polisario llegó a España a bordo de un avión medicalizado procedente de Argelia, que aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado del 18 de abril. A continuación, Gali ingresó en el Hospital San Pedro de Logroño con un nombre falso, donde recibió tratamiento contra el Covid-19.

El líder del Polisario tenía otra causa pendiente en la Audiencia Nacional por un supuesto delito de lesa humanidad. Tras prestar declaración ante el juez Santiago Pedraz, quedó en libertad sin medidas cautelares y regresó a Argelia.