Desde el Ejecutivo indicaron que este proceso "ha permitido incrementar la claridad del bloque normativo de la auditoría de cuentas, reforzando la función de interés público que cumple el auditor de cuentas".

Las modificaciones que contiene el reglamento tienen por finalidad completar aquellos aspectos de la ley que requieren un necesario desarrollo reglamentario e introducir mejoras técnicas, de supervisión o "con el objetivo de cubrir lagunas o evitar ambigüedades", aseguraron.

Entre las novedades, se encuentra la precisión de los distintos requisitos que deben reunirse para obtener la autorización necesaria para ejercer la actividad de auditoría, procurando una mayor calidad formativa en quien va a ser auditor y facilitando su seguimiento por parte del supervisor público.

Además, se clarifica el conjunto de actuaciones que deben seguir los auditores de cuentas en la observancia del deber de independencia y en la delimitación de las causas que generan incompatibilidad.

Se concreta también el contenido del informe anual de transparencia que deben emitir quienes auditan entidades de interés público.

Por último, cabe destacar que el reglamento "contribuye a fortalecer" el sistema de supervisión pública atribuido al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).