Así se pronunció Escudero tras participar en la reunión del Consejo Informal de Consumo de la UE celebrado en Eslovenia, admitiendo que el anuncio de Europa genera “grandes expectativas” porque “facilitará una aplicación más homogénea de los requisitos de seguridad de los productos a escala de la UE” y mostrando su “satisfacción” por el “efecto beneficioso” para la seguridad “de todos los consumidores y, en especial, de aquellos más vulnerables”.
El nuevo texto pretende facilitar la competencia justa y la libre circulación de productos no armonizados, a la vez que permitirá una cooperación “más estrecha” entre los Estados miembros, según Escudero, que también destacó que la norma proporcionará “nuevas y mejores herramientas para la vigilancia del mercado” y una “actualización necesaria frente a los nuevos retos surgidos en los últimos años”.
En esta cumbre, el Ministerio de Consumo ha remarcado su interés en que la propuesta de la CE cuente con el establecimiento de responsabilidades específicas para las plataformas de venta ‘online’ y ha solicitado a sus socios que exista “coherencia” con otras políticas de la UE que puedan tener relación con la seguridad de los productos y, en particular, con el Reglamento relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos.
CRÉDITOS AL CONSUMO
En cuanto a créditos al consumo, España también ha trasladado su apoyo a la propuesta de revisión de la Directiva de créditos al consumo, tras la crisis sanitaria, en la que muchos consumidores se han visto obligados a acceder al mercado del crédito o a solicitar moratorias de reembolso.
Junto a ello, Consumo también ha planteado “revisar” la información precontractual que deben proporcionar los prestamistas, intermediarios de créditos y proveedores de servicios de crédito de financiación participativa, al entender que la información debería ser “lo más específica posible, abarcando cualquier coste relacionado con el crédito”, como los seguros de protección de pagos que los consumidores “a menudo se ven obligados a suscribir, siendo sorprendidos con frecuencia en el momento de la firma”.
En este sentido, España ha planteado un “mayor grado de detalle, claridad, accesibilidad y transparencia” para evitar que un “exceso de información pueda producir el efecto contrario”, y la posible integración en la Directiva de límites máximos de interés de los préstamos.