"El Protocolo establece un procedimiento para la detección, identificación y derivación de las potenciales víctimas de trata con las debidas garantías, y facilita su asistencia y protección, abordando de forma integral las distintas etapas del proceso y favoreciendo simultáneamente la atención a las víctimas con la debida persecución del delito", explica en una nota el Gobierno.

Además, establece los mecanismos necesarios para la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Inspección de Trabajo u organismo autonómico equivalente, los órganos judiciales, la Fiscalía y las entidades especializadas que prestan asistencia a las víctimas.

Asimismo, tiene en cuenta el papel de las organizaciones sociales y las ONGs, tanto en la fase de detección como en la derivación y asistencia a las víctimas.

El Protocolo ha sido elaborado por una comisión interministerial en la que ha trabajado también la Fiscalía y el CGPJ y ha recibido aportaciones del Foro Social contra la Trata que agrupa a instituciones y sociedad civil como órgano de asesoramiento del Gobierno en esta materia. El Protocolo hace especial incidencia en las víctimas de trata extranjeras y en las menores.

DETENCIONES

Por lo que se refiere a la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, durante el año 2010 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizaron 2.344 inspecciones en lugares donde se ejerce la prostitución e instruyeron 324 atestados por delitos de trata de seres humanos y otros conexos (entre ellos, fundamentalmente, la explotación sexual). Asimismo, se practicaron 678 detenciones y se desactivaron 335 grupos criminales.

La Policía y la Guardia Civil identificaron a 1.605 víctimas de trata, de las cuales el 92% eran mujeres y el 93% extranjeras. Trece de ellas, eran menores de edad y 523 se encontraban en situación irregular en España.

Todas las víctimas identificadas fueron derivadas a los servicios socio-sanitarios de las Administraciones Públicas Españolas; y las menores de edad, a los servicios de protección de menores de las comunidades autónomas.