Según ambos ministerios, los manifestantes, que recorrieron el madrileño barrio de Chueca con gritos como “fuera maricas de nuestros barrios” o "España es cristiana, no musulmana”, pueden haber incurrido en un delito de odio y discriminación.

La denuncia señala que estos hechos son "idóneos para alterar la paz pública y crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes de los grupos destinatarios de los mensajes de odio " que se vertieron.

Destaca asimismo el hecho de la manifestación fuese convocada por internet y redes sociales como “agravante”, por aumentar así la “accesibilidad y difusión” del evento.

Ambos ministerios apuntan que es su "obligación institucional, política y ética" condenar la manifestación porque "es, sin duda, una expresión de intolerancia incompatible con la convivencia en una democracia”. Por todo ello, aseguran “confiar en que la Fiscalía actúe en consecuencia".