En unas declaraciones en Onda Cero recogidas por Servimedia, Garamendi insistió en que “en estos momentos no es conveniente” el incremento del SMI pactado entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y los sindicatos CCOO y UGT, sin la patronal, que se anunció ayer, jueves, de 15 euros mensuales para este año y a aplicar desde el 1 de septiembre.

“Es un momento muy delicado”, insistió Garamendi, quien recordó que su organización representa a las pequeñas empresas o al mundo del campo donde “es muy difícil implementar esta subida” después del 30% que se ha incrementado el SMI en los últimos tres años.

Consideró que la subida del salario mínimo generará más economía sumergida, que supondrá “menos impuestos”, desaparecerán empleos aunque “se crearán otros, pero no creceremos en la medida que tenemos que crecer”.

Además, advirtió de que existe un “riesgo a medio plazo como siga esto así”, de subida constante del salario mínimo, que es que “prácticamente el Gobierno decida cuáles son las subidas salariales, y eso puede romper en el futuro la negociación colectiva”, dado que con los incrementos cada vez se alcanza a más trabajadores.

Garamendi señaló que “muchos de los diputados y políticos ganan bastante más que muchos de los empresarios que yo represento” y que le “gustaría” que conocieran lo que es crear empleo, y apuntó que en 12 de las 17 comunidades autónomas el SMI ya ha superado el 60% del salario medio citando Canarias, Extremadura o Andalucía.

También criticó que en la contratación pública las administraciones no actualicen con la subida del SMI los precios que ofrecen por sus contratos con empresas privadas, lo que Garamendi consideró que es “invito yo a cenar pero pagas tú la cena”.

De cara a la subida de 2022, señaló que “en enero estaremos en una posición diferente” al repasar que está habiendo recuperación económica, la vacunación avanza y las gestiones “como en la Comunidad de Madrid” están “animando” a las empresas a reabrir.

El máximo responsable de la organización de empresarios destacó que el 98% de las empresas españolas tienen menos de diez trabajadores y que muchas son familiares.

Preguntado sobre si en esta cuestión no se ha impuesto el criterio de la vicepresidenta Nadia Calviño y está desautorizada en el Ejecutivo, Garamendi confió en que no y admitió que “podemos estar más cerca de sus postulados” que de los de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Subrayó que la parte empresarial se sentará en la mesa a negociar cuestiones como las pensiones o la reforma laboral y consideró que “se están trayendo a colación muchos temas que posiblemente no tienen mucho interés y cuando se está hablando de esa creación de empleo es porque en su día se hicieron reformas que funcionaron”.