Esta fue una de las cuestiones que se han abordado durante la reunión del Comité Ejecutivo del Cermi Estatal que se celebró este jueves de manera telemática en la que también se han abordado otros temas de la agenda legislativa y política de la discapacidad.

De esta manera, el Cermi considera “indispensable” que la nueva normativa, que iniciará el trámite parlamentario en las próximas semanas, incorpore los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, teniendo en cuenta la educación inclusiva y de calidad, así como la inclusión laboral.

Además de la Convención, según Cermi, la ley debe dar cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, en particular, del ODS 4, que garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.

En este sentido, el vicepresidente Cermi y presidente de la Comisión de Educación Inclusiva de Cermi, José Luis Aedo, destacó que es necesario “garantizar una oferta pública de ciclos formativos adecuada y suficiente, incluyendo su cobertura en zonas rurales, con variedad de alternativas vinculadas a distintas familias profesionales y con salidas en el mercado de trabajo”.

Y es que, según del Observatorio de la Formación Profesional, los y las estudiantes con discapacidad cursando estudios de Formación Profesional suponen el 1,45% del total de los estudiantes de FP.

De esta manera, Aedo hizo alusión al “gran trabajo” realizado por la Comisión de Educación Inclusiva de Cermi, que ha elaborado varios documentos de propuestas y demandas para que se “impregne en esta ley las necesidades educativas de las personas con discapacidad”.