La misiva, de la cual los sindicatos han remitido también una copia al secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, y al secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, está firmada por Sepla, Stavla, Sitcpla, Asetma, CTA y USO.

Según denuncia la carta, Ryanair tiene 1.500 trabajadores residiendo en España que no cotizan en este país por estar contratados en Irlanda o a través de brokers aéreos.

Por ello, estos trabajadores no están dados de alta en régimen alguno de la Seguridad Social española ni están afectados por el régimen jurídico y social de la legislación de España que, a fin de cuentas, es el país en el que trabajan y del que reciben subvenciones gubernamentales y autonómicas.

Además, advierten que estas subvenciones de las que disfruta Ryanair le permiten “dinamitar a sus competidores” y que esto tiene un “efecto perverso” sobre los puestos de trabajo del sector aéreo que son sustituidos por otros más precarios (sin crear nuevos), los cuales reportan impuestos directos únicamente a otros Estados.

También denuncian su incumplimiento de la normativa española de precios finales y su estrategia de crear nuevas rutas y promoción de nuevos destinos para luego amenazar con su supresión, si no se reciben ayudas públicas.

Concluyen que se trata de un “abuso de las infraestructuras pagadas con los impuestos de todos los españoles, cuando ni ellos ni sus trabajadores pagan ni impuestos ni tasas en España” y exigen al Gobierno que obligue a esta aerolínea a operar “en las mismas condiciones que obliga a operar al resto de compañías para evitar discriminaciones”.