Su aviso lo formula en una respuesta a la consulta lanzada por el Ejecutivo comunitario sobre la oportunidad de legislar o no para favorecer un tipo de pago exprés y económico, que no acaba de desarrollarse, pese a sí existir en jurisdicciones donde su operativa y penetración es exitosa como ocurre en España con Bizum. El Ejecutivo abrió consulta en la primavera, hasta finales de junio, después de reiteradas reuniones a distintos niveles con operadores y tras realizar, incluso, algunas encuestas, con intención de adoptar una decisión ya en el primer trimestre del 2022.

La AEB anima a las autoridades a “evaluar cuidadosamente” el enfoque de la fragmentación existente en el mercado antes de proponer cualquier medida sobre soluciones de pago para el usuario final porque es un “territorio inexplorado para los reguladores” y “la intervención podría tener efectos colaterales sobre la oferta y la competencia de los instrumentos de pago”.

“Las autoridades deberían explorar si los beneficios de alguna estandarización de las soluciones de pago del usuario final compensarían sus costos (disminución de la competencia e innovación) o limitarían las opciones del mercado”, reiteran.

En la consulta, Bruselas había instado el diálogo con el objetivo de aportar ideas para "hacer que los pagos transfronterizos sean más fáciles, rápidos y económicos", "garantizar que los ciudadanos y las empresas tengan soluciones de pago de alta calidad, seguras y rentables para realizar todos sus pagos, tanto a nivel nacional como transfronterizo" y "reducir la fragmentación en el mercado interior, la soberanía en las soluciones de pago".

Para la AEB, estos objetivos deben considerarse “de manera amplia y no centrarse únicamente en el dominio de los pagos instantáneos”, diferenciando además la estructura para los propios esquemas de pago y los servicios al cliente o soluciones finales, siendo esta última complicada porque podrían surgir “algunos problemas de competencia” y que requiere acuerdos de estandarización e interoperabilidad.

A su juicio, dichos “esfuerzos de normalización deben estar dirigidos por las fuerzas del mercado”, porque solo así se “garantizará un apoyo más amplio y una adopción más rápida de cualquier estándar sin perturbar el mercado” y no se obliga a las firmas a acometer inversiones que podrían frenar sus desarrollos.

Por otro lado y frente a la preocupación de Bruselas porque los clientes conozcan qué tipo de pago se está utilizando en los servicios prestados para poder elegir el más barato entre las diferentes alternativas (efectivo, tarjetas, transferencias, etc), sostiene que “lo relevante” para los clientes es conocer las condiciones, tales como la rapidez, experiencia de usuario, posibilidades de reembolso o facilidades de crédito, además de su coste para decidir cuál es más conveniente.

En opinión de la AEB, “es preferible tener enfoques no regulatorios que promuevan la regulación suave, la orientación al mercado y la cooperación entre las autoridades y los actores del mercado”, y “evitar la introducción de nuevas regulaciones para imponer soluciones específicas y cambiar las condiciones del mercado” ya que generarían incertidumbre, algo indeseable cuando, para que opere bien, se necesitan modelos de negocio estables.

“La idea de establecer requisitos específicos como precios fijos de pago, podría estar dejando de considerar que la PSD2 -la regulación sobre medios de pago- ya garantiza un excelente nivel de servicio”, agrega la AEB, subrayando que las entidades de pago, “en un mercado competitivo, deberían tener la libertad de agregar servicios en función de las necesidades de los clientes”.

EL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN

En el documento lanzado por la Comisión alentando la participación en el proceso de consulta achacaba la falta de un sistema europeo de pagos instantáneos, que permiten que los fondos lleguen a la cuenta del destinatario en segundos, las 24 horas del día y todos los días del año, a factores como la alta fragmentación, ya que revela que “la mayoría” de entidades de pago apenas estaban ubicadas “en solo 6 de los Estados miembros” a principios de 2021.

También lo atribuye al “bajo” nivel de conocimiento de las ventajas de los pagos instantáneos, preocupaciones sobre su seguridad, los precios o que los comerciantes y consumidores puedan carecer de transparencia en los terminales punto de venta sobre el tipo de pago para conocer las ventajas de las alternativas.

Según la Comisión, la adopción de estos pasos sería beneficiosa para consumidores, comerciantes y la sociedad por cuestiones como su agilidad, reducir los costes de uso o, incluso, porque ayudaría a combatir la economía sumergida si fomentan los pagos digitales frente al abono en efectivo.

El Ejecutivo Comunitario cuestiona si su solución podría ir de la mano no regulatoria de fomentar la cooperación para impulsar un sistema de alcance europeo o aplicar normas, entre las que cita establecer “incentivos” para que las entidades de pago ofrezcan transferencias instantáneas de crédito en euros, medidas de protección al consumidor y de prevención del fraude “a medida”, regular los cargos para el consumidor, exigir más transparencia sobre las diferentes opciones de pago.