Fuentes jurídicas consultadas señalan que la enorme diferencia de criterio entre la legislación española y la comunitaria en este asunto obligará con toda probabilidad a una modificación de la norma española para acercarla lo más posible al criterio legislativo de Bruselas.

Estas fuentes consultadas explican que los documentos oficiales que maneja la Comisión Europea indican que bajar de esa cifra de 10.000 euros puede suponer un peligro para el desarrollo económico, justo en un momento en el que toda Europa necesita medidas de impulso al crecimiento para salir de la crisis pandémica.

Limitar las operaciones en efectivo supone reducir, demorar o complicar múltiples operaciones comerciales y de negocio que no tienen por qué ser consideradas sospechosas de relación con actividades fraudulentas o criminales. La competitividad española puede verse afectada si mantiene este límite de los 1.000 euros en el uso del efectivo en operaciones comerciales, señalan fuentes comunitarias consultadas.

ARMONIZACIÓN EN LA UE

La opinión generalizada en Bruselas es que hay que ir a una armonización en el uso del dinero en efectivo y que es imposible mantener normas tan diferenciadas entre países. Así lo exige el buen funcionamiento del mercado interior de la UE, uno de los pilares del funcionamiento de toda la Comunidad Europea.

Se apunta que España no puede estar tan alejada del criterio europeo en esta cuestión, insisten las fuentes comunitarias consultadas. Se apunta que no hay más opción que la armonización y se preguntan qué papel va a jugar España en este asunto si el resto de la comunidad europea asume que el límite razonable del uso del dinero en efectivo está en los 10.000 euros. Otro factor a tener en cuenta es qué efectos tendría en la economía española no seguir el criterio europeo.

Los preguntados por este asunto recuerdan que en una respuesta parlamentaria a una pregunta sobre la eficacia que tuvo en la lucha contra el fraude fiscal en 2012 la decisión del Gobierno español de limitar el uso del efectivo a 2.500 euros fue que no existía evidencia estadística alguna del impacto de esa medida en el control del fraude fiscal. Por este motivo, cabe preguntarse si limitar a 1.000 euros el uso de dinero en efectivo tendrá efectos fiscales si no lo tuvo reducirlo a 2.500 euros.