Según informó Interior a través de un comunicado, esta es una de las medidas aprobadas en la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio, según informó el Departamento que lidera Fernando Grande Marlaska, tras la reunión encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En dicha reunión, según el comunicado, se han analizado las líneas de acción del plan que estará vigente durante el trienio 2022-2024, que establecerá ocho líneas de acción prioritarias e introducirá nuevas medidas complementarias al primer plan aprobado en marzo de 2019, vigente hasta 2021.

Dicho plan dotaba de instrumentos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante los delitos e incidentes de odio, con un crecimiento constante en torno al 9% anual desde 2014.

La asistencia y apoyo a las víctimas constituirá el eje central del segundo plan de acción, con medidas que se concretarán en las próximas semanas.

También se reforzarán, según Interior, los mecanismos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas y locales y se incidirá en la prevención del delito mediante el desarrollo de herramientas de evaluación de riesgo, un procedimiento que aseguran que ya se aplica en el sistema VioGén de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género.

AUMENTO DE RECURSOS

La Comisión ha aprobado también el aumento de los recursos personales de la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, creada en 2018.

En la reunión de este viernes, celebrada en la sede de la Oficina Nacional de Delitos de Odio, en Madrid, estuvieron presentes el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, los dirigentes de la Oficina de Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio y mandos de Policía Nacional y Guardia Civil.
También participaron Boti García, directora general de Diversidad Sexual y LGTBI, del Ministerio de Igualdad; Fernando Rodríguez, coordinador contra los delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Sala; Karoline Fernández, directora del Observatorio Español Contra el Racismo y la Xenofobia; Carlos Daniel Casares, secretario general de la FEMP; Esteban Ibarra, del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio; Ana Blanco, del Observatorio para la Libertad Religiosa; Uge San Gil, presidenta de la Federación Española de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales; Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi); y Rufino Tirado, de LGTBIpol, Agentes de la Autoridad por la diversidad.