Así se pronunció su presidenta, Uge Sangil, durante su intervención en la comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio, una reunión que fue presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En su alocución, Sangil reclamó a los partidos políticos que se comprometan ante las organizaciones sociales a “respetar unas directrices” en el debate público que “incluyan evitar cualquier tipo de estigma, señalamiento o propuesta de recorte de derechos hacia los grupos vulnerables”.

Por ello, señaló la conveniencia de que se establezca un “pacto contra el odio”, que se alcance un “acuerdo básico de país, para tener claro que en una democracia no caben los discursos de odio, ni quienes los emiten, ni quienes los legitiman”.

Esto le permitió proclamar que cuando “un partido cruce la línea”, el resto de las formaciones debe actuar “censurando públicamente su apuesta por el odio”, ya que “no se puede condenar los delitos de odio sin condenar los discursos de odio; no se puede estar en contra del odio y la violencia mientras se señala a grupos vulnerables o se legitiman los discursos que nos señalan”.

“MAYOR FORMACIÓN”

Desde su punto de vista, “deben ser los partidos políticos, así como la sociedad civil, quienes marquemos una línea roja, clara y nítida contra el odio y contra los discursos que lo promueven”, puesto que “cuando un partido, en las instituciones, señala a las personas migrantes, a menores no acompañados, a la comunidad gitana, a las personas Lgtbi o a cualquier otro grupo vulnerable, el resultado final son acciones, hechos, consecuencias contra estos grupos vulnerables”.

Por último, reivindicó una “mayor formación” para la judicatura, la puesta en marcha de cuerpos especiales de policía especializados en el tratamiento de los delitos de odio y la revisión del marco normativo que regula actualmente los delitos de odio para que “queden claramente definidos quiénes son los grupos vulnerables”.