El objeto del Convenio, que ha contado con el impulso de la Fiscal de Sala coordinadora para la Protección de personas con discapacidad y mayores, María José Segarra, es establecer un marco general de colaboración para garantizar que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo o personas con dificultades de comprensión puedan tener un pleno acceso a la justicia.

Durante el acto, la fiscal general ha apostado por la igualdad y la integración e inclusión plena de todas las personas con discapacidad en la sociedad democrática, garantizando una justicia más accesible y más comprensible, “un trato homogéneo, una justicia de mayor calidad y más cercana que atienda a sus específicas necesidades durante el proceso”. Delgado ha recordado la actuación proactiva del Ministerio Fiscal para garantizar los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.

El Convenio recoge la elaboración de guías, protocolos de actuación y herramientas orientadas a facilitar que los fiscales puedan ejercer de forma efectiva sus funciones en relación con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.

También establece la prestación de apoyo a los fiscales que lo requieran en el marco de los procedimientos en que intervengan personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, especialmente en lo referido a ajustes del procedimiento que aseguren el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.

Además contempla la promoción de acciones que permitan que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo puedan comprender los actos de trámite, diligencias, resoluciones y escritos del Ministerio Fiscal a través de la utilización de versiones de lectura fácil.

Otros de los aspectos que se reforzará son la colaboración y organización de acciones formativas, el estudio de canales de colaboración en materia de ejecución de penas que permitan promover la utilización de fórmulas alternativas a la privación de libertad en el caso de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y cualquier otra acción que tengan por finalidad la mejora del acceso a la justicia de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo en condiciones de igualdad.

La firma del Convenio coincide con la entrada en vigor, el pasado viernes 3 de septiembre, de la Ley 8/21, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que da un paso decisivo en la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.