Así lo precisó el departamento de Alberto Garzón en un comunicado difundido tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que prevé para este 2021 destinar 820.120 euros de los presupuestos a las Juntas Arbitrales de las comunidades autónomas, mientras que otros 800.320 euros irán a las dependientes de los ayuntamientos que concurran en la convocatoria.

Según informó Consumo, del total, el 60% de las ayudas se concederán en función de los conflictos que hayan resuelto las entidades solicitantes, de las solicitudes de arbitraje recibidas, de los laudos emitidos y del número de mediaciones efectuadas, entre otras variables. El 40% restante se repartirán de forma “lineal” entre todas las instituciones que concurran y cumplan los requisitos.

Las ayudas, “consensuadas”, según puntualizó el gabinete de Garzón, en el seno de la Conferencia Sectorial de Consumo, persiguen “impulsar” el desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo y a esta convocatoria se suman otros 1,3 millones de euros procedentes de fondos europeos que van destinados a la modernización y digitalización de los sistemas de arbitraje, teniendo en cuenta que el “objetivo” de la cartera de Garzón, es, según su titular, “evitar la judicialización” en las relaciones entre clientes y empresas.

Por lo que respecta a las reclamaciones, el responsable de Consumo consideró que, en ocasiones, “se trata de un laberinto cuyo final es la judicialización, a la que casi nadie llega”, lo cual, según su criterio, "supone una ventaja para el grande". Por este motivo, insistió en que el sistema de arbitraje es una herramienta "sencilla, ágil y gratuita" aunque, a su entender, "desconocida” por la ciudadanía “pese a ser un camino favorable para los consumidores".

A lo largo de este ejercicio Consumo ha renovado los acuerdos con casi un centenar de instituciones públicas para el funcionamiento del sistema extrajudicial y ha “actualizado” 19 juntas arbitrales autonómicas, incluyendo Ceuta y Melilla; diez provinciales y 37 municipales.