En los 12 meses del pasado año, el ministerio público tramitó en la Sección de lo Contencioso-Administrativo un total de 451 asuntos, de los que 203 se refirieron a derechos fundamentales, lo que supuso un incremento del 11% respecto al año anterior. En ese período fueron muchos los asuntos que tuvieron que ver con las limitaciones del estado de alarma.

En la Sección de lo Civil del TS se tramitaron 4.303 informes frente a los 6.308 de 2019. En la Sección de lo Penal se gestionaron 5.636 de asuntos frente a los 6.112 del año anterior, mientras que en la Sección de lo Socia, la entrada de asuntos pasó de 5.184 en 2019 a 4.207 en 2020.

El 84,1% de las resoluciones judiciales fueron total o parcialmente conformes con las pretensiones de la Fiscalía. Cuando se trata de sentencias, el porcentaje de conformidad con la posición de Fiscalía es del 88,7%.

La Fiscalía del Tribunal Constitucional (TC) registró el pasado año un total de 6.566 asuntos, un 13,38% menos que el año anterior. El 99,17% fueron recursos de amparo. Del total de este tipo de recursos, el 46,45% se suscitaron en el orden penal, el 29,13% en el contencioso y el 19,53% en el civil. Por otra parte, el 75,86% de las cuestiones de inconstitucionalidad se suscitaron en el orden contencioso, el 10,34% en el penal y el 6,89% en el civil. Además, se han dictado 195 sentencias, 27 de ellas con votos particulares, y 170 se referían a recursos de amparo.

El porcentaje de estimación de los recursos de amparo es del 84,04% (41,66% en penal) y del 100% en cuestiones de inconstitucionalidad. Las decisiones tomadas por el Alto Tribunal de conformidad con la posición de Fiscalía fueron en 2020 del 91,33% en los recursos de amparo (86,32% en 2019) y del 100% en cuestiones de inconstitucionalidad (43,47% en 2019).

EN LA AUDIENCIA NACIONAL

Durante el año 2020, la Fiscalía incoó un total de 1.002 Diligencias Previas en la Audiencia Nacional, con un significativo descenso desde las 4.705 registradas en 2019. Se presentaron 56 escritos de acusación frente a 210 acusados y se celebraron un 8,5% menos de vistas. Además, se dictaron 64 sentencias.

En materia de terrorismo, el ministerio público presentó 26 escritos de acusación: 15 de ellos tenían que ver con la actividad de ETA, 10 por yihadismo y uno por apología yihadista. Los delitos de terrorismo representan el 34,17% de las diligencias previas incoadas en 2020, mientras que en 209 fueron el 40,37%.

Además, se dictaron 27 sentencias de las cuales nueve fueron por terrorismo etarra, 16 por yihadismo y dos de otra índole. En total se tramitaron 173 procedimientos: 73,41% por yihadismo, 16,18% relacionados con ETA y 10,40% vinculadas a actuaciones de otros grupos.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional incoó el pasado año 657 procedimientos relativos a la criminalidad organizada y socioeconómica. La incidencia de la pandemia se puede comprobar en ele el descenso del total de las diligencias de investigación incoadas, que sufrieron un descenso del 18,25% respecto al año anterior.

Por otra parte, los procedimientos por tráfico de drogas aumentaron un 5,67% en 2020, consolidándose la tendencia ascendente de los últimos años. Los procedimientos incoados en la Audiencia Nacional han descendido un 21,25% en 2020.

MÁS MUJERES PERO CON MENOS PODER

Según el análisis sociológico de la carrera Fiscal, en 2020 había un total de 2.553 fiscales en plantilla, con una ratio de 5,02 fiscales por cada 100.000 habitantes, cifra que representa algo menos de la mitad de la media europea.

El 64% de los fiscales son mujeres, que superan el 70% en el tramo de edad de 20 a 49 años. Sin embargo, el 59% de los cargos directivos están ocupados por hombres, que son el 71% de Fiscales de Sala, el 71% de los Fiscales Superiores, el 60% de los Fiscales Jefes Provinciales y 33% de los Fiscales Jefes de Área.