Además, el Ministerio Público llegó a incoar un total de 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las que 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. Estas son las cifras de la actividad de la Fiscalía durante el primer año de pandemia respecto de las personas residentes en centros geriátricos y/o sociosanitarios.

La Fiscal General del Estado, en coordinación con el Fiscal de Sala de lo Civil, dice la Memoria, “fue consciente desde el primer momento de la necesidad de dedicar una especial atención al seguimiento de las residencias de mayores, estableciéndose una red dirigida a recabar información, emitir directrices y actuar eficaz y homogéneamente ante esta situación”.

Con este fin, el 18 de marzo se dio orden a todos los fiscales superiores para que remitieran de forma periódica y centralizada toda la información disponible. Se comisionó al Fiscal de Sala para que recabara la información precisa y se determinara la relevancia de los hechos.

Desde el 17 de abril la Fiscalía General fue informando semanalmente sobre las diligencias civiles de protección a los mayores y de las diligencias de investigación penal existentes en las fiscalías provinciales.

La Memoria hace un relato temporal de las medida que fue tomando la Fiscalía desde el inicio de la pandemia. La actividad de la Fiscalía General del Estado durante la crisis sanitaria “ha sido muy intensa, y ha estado guiada por el fin principal de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público de la Justica, al tiempo que la salud y seguridad de los miembros del Ministerio Fiscal, teniendo en cuenta las posibles situaciones de vulnerabilidad y las especiales necesidades de conciliación familiar”.

Las acciones emprendidas estuvieron inspiradas, asegura, “por los principios de coordinación institucional, transparencia y motivación” y la respuesta dada a la crisis “no sólo fue temprana, sino también pionera: el 9 de marzo, y con la finalidad de evaluar la situación, se constituyó el Comité de prevención del coronavirus”.

Relata a continuación que ya el 10 de marzo la Fiscal General adoptó las primeras medidas extraordinarias y urgentes para enfrentar la situación de pandemia. Desde ese momento y a hasta el 3 de junio, Delgado “dictó once Decretos, se celebraron numerosas reuniones por videoconferencia y se cursaron cientos de correos electrónicos entre las fiscalías territoriales y las Unidades Centrales de la FGE, a fin de dar una respuesta ágil a cuantas incidencias fueron surgiendo”.

Durante el estado de alarma se constituyó formalmente la Comisión de Coordinación de Crisis de la Covid-19 en la Administración de Justicia, con reuniones semanales durante el confinamiento, en las que participaba la Fiscalía General. La coordinación se garantizó a través de reuniones por videoconferencia con la Junta de Coordinación, el Consejo Fiscal, los fiscales superiores, que llevaban a cabo la coordinación en el ámbito de su territorio, y las asociaciones profesionales.

Durante este periodo, la fiscal general del Estado dicta decretos para fijar los servicios esenciales, para agilizar los servicios esenciales con la información procedente de las diferentes fiscalías, para implementar medidas de seguridad, unificar actuaciones de los fiscales especialistas y fiscales superiores y adoptar un plan de contingencias en aplicación de la Resolución del Ministro de Justicia de 13 de abril.

Las Unidades Centrales de la Fiscalía General del Estado, por su parte, publicaron diversas notas de servicio específicas. Además, la Secretaría Técnica elaboró numerosos informes sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la crisis sanitaria.

Toda la actividad fue recogida en un documento recopilatorio remitido a la carrera fiscal en su conjunto, junto con una carta de la Fiscal General de 17 de abril, reconociendo el trabajo de todos los fiscales. La Memoria también destaca el esfuerzo realizado para el mantenimiento de la actividad formativa, que permitió tras el decreto de 10 de marzo, que suspendió la actividad presencial, ofrecer durante le mes de abril 11 cursos de formación.

DESESCALADA

Ya en fase de desescalada, el 26 de abril, la Fiscalía General presentó al Ministerio de Justicia el Plan que incluía 60 medidas para agilizar, flexibilizar y modernizar la Justicia. A partir del 30 de abril se dio inicio a la reincorporación de los fiscales a la llamada “nueva normalidad”, “potenciando el uso de los medios telemáticos y el teletrabajo, la presencia progresiva y los turnos, el reparto equitativo de trabajo y las medidas de conciliación”.

El 4 de junio se fijó como fecha de alzamiento de los plazos procesales y la semana del 9 de junio fue la elegida para que el cien por cien de los efectivos de la Fiscalía volvieran a trabajar de manera presencial.

Para entonces, detalla la Memoria, la Fiscalía General “había sentado ya las bases de la nueva normalidad en el citado Decreto de 30 de abril, que se desarrollan en los Decretos de 30 de mayo y 3 de junio, donde se prevén medidas organizativas para la reincorporación, valorándose las cargas de trabajo en las especialidades donde se prevea mayor impacto”.

Los Fiscales de Sala asumieron, a través de la emisión de oficios, informes y notas internas, la función de colaborar en la unificación de criterios mediante las redes de fiscales delegados de las fiscalías provinciales. Además, la Fiscal General del Estado mantuvo el contacto con todos ellos con reuniones virtuales, tanto con los Fiscales de Sala de todos los órdenes jurisdiccionales del Tribunal Supremo, como con los Fiscales de Sala delegados y coordinadores de las distintas especialidades.