Las principales adaptaciones están dirigidas al Ministerio de Sanidad y Política Social, pero también se realizan propuestas para los Ministerios de Justicia, Educación, Interior, Vivienda, Presidencia y Trabajo e Inmigración.

Algunas de las modificaciones que se plantean a Sanidad y Política Social son las relativas a la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal (Liondau) para aprobar un nuevo baremo de la discapacidad, extender la protección jurídica contra la discriminación o rebajar los límites temporales máximos para hacer exigibles las condiciones de accesibilidad.

Sobre la Ley de Autonomía Personal se propone incorporar dentro del catálogo los productos de apoyo y las obras y actuaciones de accesibilidad en el domicilio. Se sugiere crear en el marco del SAAD un Fondo para la Vida Independiente, con Oficinas en todas las comunidades autónomas. También se pide objetivar las necesidades de apoyo para la autonomía personal, abrir la prestación de asistencia personal a todo tipo de situaciones de dependencia y establecer la libertad de opción de la persona beneficiaria.

En esta línea se plantea establecer un catálogo legal protector de los derechos de las personas institucionalizadas; revisar la legislación de reproducción asistida, investigación biomédica y autonomía del paciente y consentimiento informado, así como regular un espacio sociosanitario, con prestaciones con rango de derecho, “hoy inexistente”, según el Cermi.

En cuanto al Ministerio de Justicia se plantea modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para suprimir los procesos de incapacitación judicial por razón de discapacidad y adecuar a la Convención los procedimientos de internamiento involuntario. El Cermi también cree necesario cambiar el Código Civil para suprimir el supuesto de aborto eugenésico y la esterilización involuntaria por causa de discapacidad y mejorar la protección penal de las personas con discapacidad, entre otros casos.

Se propone cambiar las leyes para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la Justicia, suprimir la discriminación vigente para participar como miembros del Jurado y la que las imposibilita para actuar como testigos en determinados actos notariales. Asimismo, se propone modificar la legislación civil de la adopción nacional para evitar la discriminación por motivo de discapacidad, así como para garantizar que los progenitores con discapacidad reciban los apoyos precisos para ejercer su derecho a formar una familia.

En lo referente al Ministerio de Educación, se propone reforzar el principio de educación inclusiva y la obligatoriedad para las Administraciones educativas de proporcionar apoyos al alumnado con discapacidad. Asimismo, se pide regular la incorporación de la accesibilidad y el diseño para todos a los planes de estudio y a los currículos formativos de todo tipo de profesionales.

Las medidas propuestas para el Ministerio de Interior están encaminadas a modificar la ley electoral para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los procesos electorales y a la vida política sin discriminaciones y cambiar las normas de acceso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En materia de Vivienda, el Cermi propone también que se reforme la Ley de Propiedad Horizontal para que el coste de las actuaciones de accesibilidad en las comunidades de propietarios sean asumidos íntegramente por éstas, y la Ley de Integración Social de las Personas con Discapacidad (Lismi) para elevar la cuota de reserva de viviendas para personas con discapacidad y extenderla a proyectos colectivos de vida independiente desarrollados por entidades del tercer sector.

Al Ministerio de la Presidencia propone el Cermi cambiar la Ley del Gobierno para regular el informe previo de impacto en materia de igualdad de oportunidades y no discriminación de personas con discapacidad en la elaboración de disposiciones normativas.

Por último, al Ministerio de Trabajo e Inmigración propone extender el principio de igualdad de trato y no discriminación en la ocupación y en el empleo a la formación de todo tipo, al empleo público y a las profesiones que tiene como requisito previo la colegiación obligatoria. Asimismo, pide la modificación de la Ley reguladora del Consejo Económico y Social para dar entrada en este organismo a las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.